El gobierno de Chile confirmó este jueves que dos hombres que figuraban en la lista oficial de detenidos desaparecidos durante los años 70 no fueron víctimas de la violencia de Estado.
Con este anuncio se elevan a siete los casos de personas erróneamente identificadas en el llamado informe Rettig, que compila los nombres de quienes fueron asesinados, secuestrados o torturados durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
El ministro del Interior, Patricio Rosende, dio a conocer los resultados de una investigación que determinó que Gustavo Soto Peredo y Rubén Soto Cabrera no habían muerto en manos de las autoridades de la época, como detallaba el informe.
En un complicado caso, de tintes novelescos, la pesquisa del gobierno pudo determinar que el primer hombre falleció el 18 de agosto 1973, por causas relacionadas al delito.
Lea: Defendiendo la "verdad histórica"
En tanto, se desconoce el paradero de Soto Cabrera, que fue registrado como hijo de Soto Peredo, aunque no se encontraron documentos que así lo certifiquen. A pesar de desconocer su destino, Rosende aseguró tener "la convicción de que su desaparición no obedeció a causas políticas".
Las conclusiones de la indagación apuntan a una sola persona como la responsable por la inclusión errónea de estas dos personas en la lista de desaparecidos: María Cabrera Silva, la supuesta esposa de Soto Peredo, que resultó en realidad ser su cuñada.
Según el ministro, la declaración de la mujer ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (también conocida como Comisión Rettig) se realizó "de manera suficientemente creíble, convincente y permanente como para obtener la calificación que buscaba".
Misterio
Las autoridades afirman desconocer los motivos por los cuales esta mujer mintió ante la comisión. Su muerte en 1995 hacen imposible un seguimiento del tema.
Sin embargo se sabe que ni ella ni su hija, Patricia Soto Cabrera -quien fue la que a pedido de su madre declaró como desaparecido a Rubén Soto Cabrera en 1990- recibieron compensaciones del Estado, por estas supuestas desapariciones.
En cambio sí recibió un beneficio el hijo legítimo de Gustavo Soto Peredo, Rosendo Soto Salfate, quien cobró un bono de 10 millones de pesos chilenos (US$16,682).
En ese sentido, el ministro Rosende señaló que "es necesario iniciar las acciones a través del Consejo de Defensa del Estado para obtener el reembolso de esos dineros".
Informe bajo la lupa
El anuncio de este jueves vuelve a reabrir el debate en Chile respecto a la autenticidad del informe Rettig.
A estos dos nuevos casos, se suma otro que se dio a conocer en noviembre pasado, en el que se determinó que Germán Cofré Martínez no era una víctima de violaciones a los derechos humanos, sino que estaba vivo y residía en Argentina.
Este y los casos de otras cuatro personas que fueron erróneamente identificadas como "falsos desaparecidos" generaron duras críticas de la oposición, y suscitaron pedidos de que se revea el trabajo de la Comisión Rettig.
Sin embargo el ministro del Interior descartó esa posibilidad, afirmando que "no le corresponde al gobierno calificar ni recalificar las situaciones contenidas en el informe".
Según el funcionario "el gobierno no tiene facultades legales" para llevar a cabo esa tarea, sino que sólo puede "prestar asistencia social y jurídica a los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos".
Rosende informó que puso toda la información recopilada a disposición del juez Carlos Fajardo, quien investiga los casos de falsos detenidos.
Según el informe Rettig, 2.279 personas perdieron la vida en Chile durante el último régimen militar, de los cuales 1.248 son considerados "detenidos desaparecidos".
~RS~q~RS~~RS~z~RS~48~RS~)