El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) oficializó la victoria del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la mayoría las 146 municipalidades en las que se celebraron elecciones el pasado 9 de noviembre.
Pero la "proclamación de electos", hecha en una conferencia de prensa calificada como "sorpresiva" por varios medios de comunicación locales, está lejos de haber puesto fin a la polémica en torno a un posible fraude denunciado por la oposición.
El presidente del Tribunal Electoral, Roberto Rivas, explicó que el CSE había podido recortar los plazos para la revisión de los diferentes recursos de impugnación y revisión presentados por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), porque las otras cuatro fuerzas políticas participantes en la contienda habían renunciado a hacer valer los tiempos establecidos por la ley.
"No vamos hacer caso a esos resultados, ni que se pare de cabeza el presidente del Consejo Supremo Electoral "
Esto le habría permitido al CSE adelantar la publicación de los resultados definitivos - originalmente prevista para el 5 de diciembre - que le dan al FSLN 106 alcaldías, por 37 del PLC y 4 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Pero los mismos no son reconocidos por el PLC.
"No vamos hacer caso a esos resultados, ni que se pare de cabeza el presidente del CSE", declaró el jueves el candidato liberal a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre.
"La actuación del CSE es fraudulenta, amañada y en contra del pueblo nicaragüense" dijo.
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Celebraciones
Para celebrar su victoria, el FSLN convocó a una masiva concentración el viernes en el centro de la capital.
Para el partido en el gobierno las cifras del CSE suponen una ganancia de 18 alcaldías con respecto a las elecciones municipales del 2004, cuando aún quedan siete municipalidades en disputa que celebrarán comicios hasta enero de 2009.
El partido sandinista sostiene que los resultados evidencian el apoyo del que goza actualmente el gobierno de Daniel Ortega, elegido a la presidencia en noviembre de 2006 con apenas el 38% de los votos en todo el país.
Pero una amplia coalición de fuerzas de oposición, liderada por el PLC, ya advirtió que buscará la anulación de los resultados desde la Asamblea Nacional.
Durante la semana, los intentos de estos sectores por manifestarse se vieron frustrados por las agresiones de simpatizantes sandinistas que, armados de piedras, palos y explosivos caseros, bloquearon vías de acceso y evitaron cualquier posibilidad de movilización.
Varios representantes del FSLN han insinuado que las escenas de violencia podrían repetirse si el parlamento intenta "pasar por encima de la voluntad popular".
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"Procesión por la paz"
Las tensiones han subido al punto de que una "procesión por la paz" convocada por la Iglesia Católica para el próximo domingo, fue denunciada por funcionarios de gobierno como una provocación.
"Me parece que no es lo más prudente sacar una procesión con las aguas tan agitadas. Que vayan los que quieran. Pero si hacen esa marcha, lo que suceda será culpa de quienes la convocaron"
"Me parece que no es lo más prudente sacar una procesión con las aguas tan agitadas", declaró el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas.
"Que vayan los que quieran. Pero si hacen esa marcha, lo que suceda será culpa de quienes la convocaron", advirtió.
A pesar de esas tensiones, diputados opositores anunciaron que el próximo martes intentarán someter a la aprobación del plenario un anteproyecto de ley anulando los comicios, debido a la gran cantidad de irregularidades que afirman plagaron el proceso.
Estas habrían incluido el cierre prematuro de numerosas juntas, la anulación injustificada de votos a favor de los candidatos del PLC y la expulsión de los fiscales de este partido del proceso de escrutinio.
Según el representante legal del PLC y diputado ante la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, la idea sería realizar nuevos comicios con la participación de "observadores internacionales" en un plazo no mayor a 45 días.
Competencias
La competencia del parlamento sobre asuntos electorales, sin embargo, ha sido objeto de discusión.
De acuerdo a la Constitución nicaragüense, el CSE es un poder independiente, al mismo nivel que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Y este jueves, el presidente del CSE, Roberto Rivas afirmó haber enviado una carta al presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, exhortándolo a no interferir en asuntos que son de estricta competencia del poder electoral.
Pero en el pasado, el mismo FSLN participó en la aprobación de una serie de "leyes marco" que implicaban reformas de hecho del texto constitucional, y que fueron aprobadas por una mayoría simple teóricamente al alcance de la oposición.
En cualquier caso, la disputa está lejos de haberse dirimido. Y las consecuencias para Nicaragua apenas se pueden anticipar.
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