El gobierno colombiano declaró el estado de conmoción interior para tratar de conjurar un prolongado paro de jueces, fiscales y empleados de la rama judicial que exigen mejores salarios.
La medida fue declarada por 90 días y podría ser prorrogada hasta por 180.
El presidente Álvaro Uribe dijo que la protesta judicial, que lleva 37 días, "atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana".
Según el gobierno, por culpa del paro quedaron en libertad más de 2.700 personas que habían sido capturadas por delitos como homicidios, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.
Lea: Semiparalizada la justicia
"La administración de Justicia presenta más de 120.751 procesos que se han dejado de fallar, así como 36.986 decisiones de tutela (recursos de amparo), la no realización de 25.284 audiencias, incluidas 15.983 audiencias de Control de Garantías", dijo el Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
El gobierno también alegó que la Fiscalía lo había alertado sobre la inminente salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas presas por la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros "graves delitos".
Por eso, anunció medidas para nombrar y reemplazar jueces y empleados judiciales, y para facultar a los notarios a tomar decisiones en ciertas causas judiciales menores.
La declaratoria de conmoción interior recibió aplausos y críticas.
"Era necesaria" la conmoción
Los primeros vinieron del ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez, quien, en diálogo con BBC Mundo, expresó que la decisión era "necesaria".
"La situación que está enfrentando el país con la salida de presos de las cárceles por falta de justicia demandaba una acción de emergencia en el orden constitucional"
La decisión también fue apoyada por los presidentes del Senado, Hernán Andrade, y de la Cámara de Representantes, Germán Varón.
Por el contrario, la declaratoria del estado de conmoción interior produjo fuertes críticas en otros sectores.
El Polo Democrático Alternativo, uno de los principales partidos de la oposición, rechazó "vehementemente" la medida, sugirió que el gobierno tiene intenciones ocultas y dijo que el gobierno habría podido decretar una emergencia judicial.
Por su parte, el columnista Ramiro Bejarano, profesor de derecho de la Universidad Externado de Colombia, le dijo a BBC Mundo que el estado de excepción no se justificaba.
"La conmoción interior es para contrarrestar problemas severos de orden público. Y el paro judicial no ha producido ni siquiera la ruptura de un vidrio", afirmó Bejarano, quien escribe en el diario El Espectador.
"La conmoción interior es para contrarrestar problemas severos de orden público. Y el paro judicial no ha producido ni siquiera la ruptura de un vidrio"
Fabio Hernández, presidente de Asonal, el sindicato de empleados de la rama judicial, expresó que "es completamente equivocada" la declaratoria de conmoción interior ante un paro laboral.
"Zarpazo mortal"
Bejarano censuró el anuncio presidencial de que se le otorgarán facultades al Consejo de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios "que garanticen la prestación del servicio".
"Ese es un zarpazo mortal a la justicia y será aprovechado por el gobierno para sacar a los jueces que no le gusten, de la mano del Consejo de la Judicatura, que está bajo su control", opinó Bejarano.
Sin embargo, el ex ministro Martínez no cree que eso sea así. "Será la Sala Administrativa de la Judicatura la que tendrá esas facultades y los integrantes de la misma son postulados por las altas cortes, no por el gobierno", señaló.
Buena parte de los empleados de la rama judicial se fueron al paro para exigir una nivelación salarial ordenada por una ley de principios de los años 90. Aunque el gobierno alega problemas presupuestales para cumplir ese mandato, ya había decretado algunas bonificaciones, que fueron rechazadas por Asonal.
Esta es la segunda ocasión en seis años de gobierno que el presidente Uribe decreta el estado de excepción. La primera ocurrió pocos días después de llegar al poder en 2002.
Los decretos que expida el gobierno con base en las facultades de excepción tendrán que ser revisados y avalados por la Corte Constitucional. En caso de que el tribunal derogue parcial o totalmente alguna de las medidas, los efectos de la decisión no serán retroactivos.
~RS~q~RS~~RS~z~RS~44~RS~)