Las conversaciones para resolver la crisis política en Bolivia finalizaron este domingo sin que el gobierno y los prefectos opositores lograran alcanzar un acuerdo.
Tras más de dos semanas de negociaciones, los prefectos de Santa cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca se negaron a firmar el documento propuesto por el presidente Evo Morales para abrir el camino a la convocatoria del referendo de ratificación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Las conversaciones, en las que participaron ocho de los nueve prefectos regionales y en las que actuaron como facilitadores funcionarios de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas y la Iglesia Católica, tuvieron lugar en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia.
Tras el fracaso del diálogo, el gobierno boliviano intentará la aprobación de la ley del referendo constitucional en el Congreso Nacional.
Según los líderes de las regiones opositoras, el principal punto de desacuerdo con el gobierno de Morales se encuentra en la imposibilidad de modificar otros aspectos de la nueva Constitución, más allá del capítulo de la autonomía.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, en representación de los opositores, dijo que no se logró alcanzar un acuerdo porque el gobierno no ha satisfecho sus reivindicaciones.
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Violencia
El diálogo entre el gobierno y las prefacturas opositoras se instaló el 18 de septiembre, después de que los autonomistas protagonizaran bloqueos y la toma violenta de instituciones, y se produjeran serios enfrentamientos entre civiles, que causaron la muerte de, al menos, una veintena de personas.
Según la colaboradora de BBC Mundo en Bolivia, Mery Vaca, la negociación estaba centrada en dos asuntos: el modelo autonómico y la restitución de los impuestos petroleros que ahora son descontados para pagar una renta a los ancianos.
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Morales buscaba alcanzar un acuerdo para someter a referendo una nueva Constitución socialista, con la que pretende profundizar la nacionalización de la economía, dar más poder a la mayoría indígena y entregar propiedades de los terratenientes a campesinos pobres.
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