La llamada a indagatoria del embajador colombiano en Italia y ex ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, agitó el proceso judicial que investiga supuestas irregularidades en la votación de la reforma constitucional que permitió en 2004 la reelección presidencial en este país.
La decisión fue adoptada por el vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza, pues el Fiscal General, Mario Iguarán, se declaró impedido para investigar a Pretelt, de quien fue subalterno en el Ministerio.
Pretelt fue acusado por la ex congresista Yidis Medina de haberle dado y prometido dádivas a cambio de su voto, que fue definitivo para aprobar la reelección.
Medina, al igual que otros dos ex congresistas, está detenida dentro de esas investigación por orden de la Corte Suprema de Justicia y espera que en los próximos días se conozca su condena por cohecho, luego de que se declaró culpable.
La llamada a indagatoria de Pretelt produjo lecturas encontradas. Por un lado, y con cierto nerviosismo, el ex ministro dijo que espera "aclararlo todo" en la Fiscalía.
"Totalmente tranquilos"
A su turno, el consejero presidencial José Obdulio Gaviria le dijo a BBC Mundo que en alto gobierno están "totalmente tranquilos" con la decisión.
"La indagatoria es un medio de defensa judicial y él mismo (Pretelt) había pedido que lo escucharan"
"La indagatoria es un medio de defensa judicial y él mismo (Pretelt) había pedido que lo escucharan", añadió Gaviria.
En cambio, críticos del gobierno, como el abogado y columnista Ramiro Bejarano, consideran que la decisión de la Fiscalía es un hecho "gravísimo".
"Que la Fiscalía abra un proceso formal en contra de Pretelt implica que tiene indicios de que se cometió un delito", declaró Bejarano a BBC Mundo y añadió que el ex ministro "tiene un pie en la cárcel".
"Manto de duda"
Yidis Medina no solo acusó a Pretelt, sino al ministro de la protección social, Diego Palacio, y a otros altos funcionarios del gobierno de haberle ofrecido prebendas por su voto.
"Que la Fiscalía abra un proceso formal en contra de Pretelt implica que tiene indicios de que se cometió un delito"
Una vez se conoció la apertura del proceso penal en su contra, Pretelt declaró a los medios en Bogotá que está agradecido con la Fiscalía por haberlo llamado a declarar.
Pretelt dijo que "se va a aclarar todo este episodio desagradable, que no puede empañar la gestión del presidente Álvaro Uribe".
Por el contrario, Bejarano estima que la decisión de la Fiscalía "indirectamente siembra un manto de duda sobre el proceso de la reelección presidencial".
Según Bejarano, el hecho de que Uribe haya conseguido casi 7 millones de votos cuando fue reelegido en mayo de 2006 "no purga la ilegalidad de un acto que estuvo precedido por un delito".
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Después de que la Fiscalía escuche en indagatoria a Pretelt, decidirá si hay méritos para detenerlo o no y si la investigación debe continuar o no.
La Corte Suprema de Justicia le había pedido a la Fiscalía que evaluara si había méritos para investigar a Pretelt y a los demás funcionarios acusados por Yidis.
Entre tanto, ya la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación disciplinaria contra esos funcionarios.
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