Mery Vaca
Bolivia
Los indígenas del Chaco boliviano viven en situación de "servidumbre análoga a la esclavitud" y algunas "comunidades permanecen cautivas en porciones de tierras ubicadas dentro de las haciendas".
A esa conclusión llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que este viernes presentó las conclusiones de su visita al Chaco.
Entre el 9 y el 13 de junio, una delegación de la CIDH, encabezada por Luz Patricia Mejía (Venezuela) y Víctor Abramovich (Argentina), relatores para Bolivia y para los pueblos indígenas, respectivamente, realizó una visita a los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, con la finalidad de recabar información sobre la situación del pueblo indígena guaraní.
Mejía, en conferencia de prensa, leyó un comunicado en el que se indica que la Comisión constató "la continuidad de la problemática de la servidumbre por deuda y trabajo forzoso en el Chaco boliviano así como el agravamiento de la situación del pueblo guaraní en esta región desde la última visita de la CIDH".
La Comisión "deplora" esta situación y recuerda que esta práctica está totalmente prohibida por convenios internacionales.
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Sin embargo, el mismo informe señala que se ha recibido información "acerca de algunas haciendas donde las relaciones 'servidumbrales' habrían cesado".
Comunidades cautivas
Pero, más allá de esa información, la Comisión identifica a comunidades cautivas dentro de haciendas identificadas como "propiedad privada de terceros". En estos casos, los indígenas no prestan servicios para el patrón, por lo que carecen de libertad de movimiento y sufren amenazas.
Paralelamente, la Comisión halló que las familias guaraníes viven "en extrema pobreza y son sometidas a castigos como huasqueadas (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales".
Además, en la región llamada Alto Parapetí, se detectó trabajo infantil, que está prohibido por convenios internacionales.
Los caminos por los que se desplazó la Comisión, en algunos casos, estaban cerrados, incluso con candados.
Además, se estableció que el derecho a la libre asociación está restringido para los indígenas, y la comisión "manifiesta su preocupación por la vida y la integridad de estas personas y por represalias que pudieran sufrir como consecuencia de su actividad por haber dado testimonio a la CIDH".
Ausencia estatal
La Comisión percibió la falta de presencia estatal en el Chaco boliviano. De hecho, el gobierno de Evo Morales no logró ingresar a la zona en abril de este año por oposición de los hacendados.
"El Estado de Bolivia tiene la obligación internacional de erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso en todo su territorio"
El gobierno pretendía iniciar el saneamiento de las tierras y, de esa manera, revertir al estado los predios improductivos para posteriormente dotárselos a los indígenas.
En aquella ocasión se produjo un enfrentamiento que dejó varios civiles heridos, tanto del lado de los indígenas como de los hacendados.
La acción de la Justicia es prácticamente nula. El Ministerio Público explicó a la CIDH sobre los tropiezos que tuvo para investigar la servidumbre y, entre tanto, el Tribunal Constitucional en Bolivia está desmantelado por la disputa política entre oficialismo y oposición.
La Comisión concluye su informe expresando su preocupación "por la falta de políticas integrales del Estado para atender esta problemática".
Además, recuerda que "el Estado de Bolivia tiene la obligación internacional de erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso en todo su territorio".
La "peor esclavitud"
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, rechazó el informe de la Comisión y dijo que "no hay peor esclavitud que la falta de empleo e ingreso para acceder incluso a los alimentos".
El IBCE representa a las organizaciones productivas de Santa Cruz y promueve sus exportaciones.
Según Rodríguez, las familias de indígenas que viven en las haciendas tienen alimentos y trabajo. Considera que es probable que el informe sea el resultado de que "alguien de la OEA, algún burócrata, seguro se comparó su estándar de vida con la situación que vio".
Insistió en que, muchas veces, la alternativa al trabajo en el Chaco es "la selva o la calle".
El gobierno evitó pronunciarse sobre el informe. BBC Mundo se comunicó con el vocero presidencial, Iván Canelas, quien dijo que respondería más tarde, pero no lo hizo.
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