El proceso judicial por la aprobación de la reelección presidencial en el Congreso de Colombia está creciendo, pues la Corte Suprema de Justicia decidió mantener detenida a una ex congresista y pidió investigar al presidente Álvaro Uribe y a otros funcionarios y ex funcionarios.
Las peticiones fueron hechas a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía General de la Nación.
Hace pocos días, un senador de la oposición, Luis Carlos Avellaneda, denunció penalmente a Uribe en la Cámara por el delito de cohecho, a raíz de las declaraciones hechas por la ex congresista Yidis Medina.
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Ahora la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dicta medida de aseguramiento contra Medina, cuyo voto fue definitivo en 2004 para que una comisión de la Cámara de Representantes aprobara la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.
Medina le confesó a la Corte que cambió su voto ¿que inicialmente era contrario a la reelección- porque, según ella, recibió ofertas burocráticas del gobierno.
En la decisión que ordena mantener en la cárcel a Medina, la Corte ordenó enviarle a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía la confesión y algunas pruebas aportadas por Medina.
¿Pago de dinero?
Según la revista Cambio, Medina entregó a la Corte comprobantes de depósitos bancarios que se le habrían hecho a otro congresista, Teodolindo Avendaño, que iba a votar en contra de la reelección.
Finalmente, el día de la votación de la reelección en el Congreso, Avendaño no llegó a la sesión y la reforma constitucional fue aprobada por 18 votos a favor (incluido el de Medina) y 16 en contra.
El envío de la confesión y las pruebas se hará, explicó la Corte en un comunicado, para que "las autoridades competentes conozcan la presunta comisión de delitos en que pudieron incurrir otros congresistas y varios funcionarios y ex funcionarios del Estado".
En su confesión, que busca una rebaja de pena por el delito de cohecho, la ex congresista dijo que las ofertas para que cambiara su voto fueron hechas por varios funcionarios.
Medina mencionó al ex ministro del interior y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, a Alberto Velásquez, ex secretario general de la Presidencia de la República, así como a otras personas.
Uribe niega compra de votos
Tan pronto se conoció la confesión de Medina, Uribe negó que su gobierno hubiera comprado votos para aprobar la reelección en el Congreso y el ministro Diego Palacio desafió a la ex congresista para que pruebe sus afirmaciones.
A pesar del envío de la confesión y de las copias de algunas de las pruebas aportadas por Medina a la Comisión de Acusación de la Cámara, por ahora no parece muy probable que el Congreso acuse al presidente Uribe, teniendo en cuenta que la coalición que apoya al mandatario tiene el control del poder legislativo.
El senador Luis Carlos Avellaneda le dijo a BBC Mundo que está esperando a que la Cámara escoja a un representante que se encargará de evaluar su denuncia contra Uribe y las pruebas que envíe la Corte Suprema.
A diferencia de los congresistas, que son indagados por la Corte Suprema, en Colombia el presidente es investigado por la Cámara de Representantes y juzgado por el Senado.
En el último siglo, solo un ex presidente de Colombia ha sido condenado por el Congreso. Se trata del fallecido ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó entre 1953 y 1957.
Respecto a los otros señalados por Medina, su suerte está en manos de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, ya anunció que se declarará impedido para conocer del caso, pues para la época en que se aprobó la reelección él era viceministro de Justicia.
Entre tanto, el ex congresista Teodolindo Avendaño se ha abstenido de dar declaraciones a los medios de comunicación y ha dicho que solo dará explicaciones a la Corte Suprema, cuando ésta lo llame a declarar.