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Jueves, 28 de junio de 2007 - 21:34 GMT

Gobierno confirma muerte de rehenes

Hernando Salazar
Bogotá

Once ex diputados regionales, que estaban secuestrados desde hace cinco años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), murieron en un confuso episodio, confirmó el gobierno en las últimas horas.

Ana Milena Lopez (izq.), esposa del diputado Ramiro Echeverry, siendo confortada por su hija No están claras las circunstancias de la muerte de los rehenes, que se habría producido el pasado 18 de junio, según las versiones difundidas en internet en un primer momento por el comando conjunto de occidente de las FARC.

Por un lado, esa guerrilla, a través de dos comunicados, dijo que los ex legisladores regionales murieron víctimas del fuego cruzado en un operativo militar de rescate, sugiriendo la participación de militares, paramilitares y comandos extranjeros.

Pero el gobierno colombiano, a través del presidente Álvaro Uribe, asegura que los rehenes "habrían sido asesinados por las FARC, vilmente".

Lea: FARC revela muerte de 11 rehenes

"El asesinato de todos los secuestrados, sin sobrevivientes, salvo uno que estaría por fuera del grupo, muestra premeditación criminal que se quiere confundir con fuego cruzado con la Fuerza Pública, fuego cruzado que no existió", dijo.

"La muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados ni heridos, muestra que no hubo fuego cruzado, que los terroristas de las FARC quieren ocultar el crimen de lesa humanidad que habrían perpetrado", añadió Uribe en una alocución radiotelevisada.

Indignación

"El asesinato de todos los secuestrados, sin sobrevivientes, salvo uno que estaría por fuera del grupo, muestra premeditación criminal"
Álvaro Uribe, presidente colombiano

La noticia de la muerte de los ex diputados produjo reacciones de indignación y pesar.

Desde Cali, donde fueron raptados los rehenes, Fabiola Perdomo, esposa de uno de los muertos, acusó al gobierno y a las FARC por su "intransigencia" en la búsqueda de un acuerdo humanitario.

Otros familiares lloraron desconsoladamente y recordaron que hace sólo dos meses recibieron las últimas pruebas de supervivencia de los rehenes.

Los familiares de los muertos en esa ciudad pidieron a las FARC la entrega de los cuerpos para darles sepultura y el arzobispo de la ciudad, Juan Francisco Sarasti, se ofreció a formar parte de una comisión que recoja los cuerpos.

Mientras en Bogotá hubo demostraciones pacíficas de protesta en la Plaza de Bolívar y frente a la sede del Ministerio del Interior y Justicia de personas, exigiendo a las FARC y al gobierno llegar a un acuerdo humanitario que permita la liberación de 45 rehenes que siguen en poder de ese grupo.

Rechazo

Álvaro Uribe

Uno de los asistentes en la demostración era Iván Cepeda, quien lidera un movimiento de víctimas de crímenes de Estado.

Cepeda le dijo a BBC Mundo que lo que se está viviendo en Colombia es una situación de "total intransigencia y arrogancia" que impide avanzar hacia un acuerdo humanitario.

"Habría que llamar a la cúpula de las FARC para que de inmediato acuerde la posibilidad de un diálogo con el gobierno para poder llegar a la liberación de las personas secuestradas", declaró Cepeda, visiblemente apesadumbrado.

Ana Teresa Bernal, representante de las víctimas en la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, también estaba en la demostración y declaró a BBC Mundo que recibió la noticia con "dolor, con indignación y con rabia".

"Hago un llamado para insistir en el acuerdo humanitario y para que no haya rescates a sangre y fuego", añadió Bernal.

Bernal dijo que el procedimiento para llegar a un acuerdo humanitario no es un tema de la sociedad civil.

"A nosotros lo que nos interesa es que (el gobierno y las FARC) se sienten y se pongan de acuerdo para que liberen a los secuestrados", dijo.

La muerte de los ex diputados se produce después de que el gobierno liberó a más de un centenar de guerrilleros de las FARC como gesto unilateral en busca de un acuerdo humanitario.

Pero las FARC rechazaron la liberación de esos guerrilleros, incluidos Rodrigo Granda, conocido como el canciller del grupo, y siguen exigiendo la desmilitarización de dos municipios para iniciar conversaciones sobre un acuerdo humanitario.

El gobierno se ha negado a la desmilitarización de zonas para discutir un intercambio y el presidente Uribe nunca ha descartado el rescate militar de secuestrados.




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