En un hecho sin precedentes, la justicia uruguaya solicitó el procesamiento de ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar.
La fiscal Mirtha Guianze acusó a ocho ex militares y dos ex policías de la presunta desaparición de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y un tupamaro.
Según fuentes judiciales, se trata de la primera vez que un magistrado pide una medida así tras el retorno de la democracia.
El hecho cobra importancia teniendo en cuenta los antecedentes. Luego de la caída del gobierno militar (1973-1985), los presidentes conservadores no investigaron crímenes de lesa humanidad amparados en una ley que impedía juzgar a los acusados de esos delitos.
Pero tras asumir en 2005, el presidente Tabaré Vázquez prometió avanzar en la investigación y el juzgamiento de presuntos ex represores.
A partir de entonces se iniciaron varias indagaciones pero, de darse curso al pedido de la fiscal Guianze, se trataría del primer procesamiento.
"Si la noticia se confirmara, sería algo sumamente significativo para nosotros", dijo a la prensa Luisa Cuesta, de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
Un juez deberá resolver sobre el pedido la semana próxima. En el caso de ser procesados y condenados, los ex militares y policías podrían enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.
Plan Cóndor
Los sospechosos están acusados de secuestrar a los opositores uruguayos, quienes estaban refugiados en Buenos Aires, y torturarlos en un centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti".
A ese sitio eran enviadas personas detenidas durante el denominado "Plan Cóndor", un operativo coordinado por los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de los años 70 y 80 para perseguir a disidentes más allá de las propias fronteras.
Los mismos imputados son reclamados en Argentina por la presunta privación de la libertad y desaparición de 43 personas, en su mayoría de Uruguay, también en "Automotores Orletti".
Grupos de derechos humanos afirman que miles de opositores uruguayos fueron torturados durante el gobierno militar.
Unas 200 personas desaparecieron, muchas de ellas en países vecinos, mientras que un centenar murió en prisión.