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Martes, 11 de julio de 2006 - 23:39 GMT

¿Qué implica la decisión?

Jonathan Marcus
BBC

Activistas en contra de la cárcel de Guantánamo.

El anuncio del gobierno estadounidense de que comenzará a aplicar las protecciones establecidas en la Convención de Ginebra en su trato de los prisioneros sospechados de terrorismo es un cambio significativo en la política de la administración de George W. Bush.

Pero Bush fue forzado a tomar esta decisión después de que la Corte Suprema de su país bloqueó los planes de crear tribunales especiales para enjuiciar a los prisioneros de Guantánamo.

La decisión, además, es parte de un patrón de lenta retirada del gobierno de Bush en este tema, dados los desafíos que ha enfrentado en la justicia y en el congreso, pidiendo que no se maltrate a los prisioneros y se respeten sus derechos humanos básicos.

El gobierno estadounidense ha recorrido un largo camino desde su posición inicial, según la cual los detenidos sospechosos de terrorismo no gozaban de los derechos de la Convención de Ginebra, pero de todas maneras serían tratados de manera humanitaria.

Debate interno

Ahora, ha sido obligado a aceptar la jurisprudencia del artículo tres de la Convención, firmada en 1949, según el cual cualquier persona -enferma, herida o detenida- que ya no puede participar de acciones armadas está protegida por una serie de derechos.

Prisionero en Guantánamo.

Sin embargo, expertos legales afirman que esto no equivale a declararlos prisioneros de guerra.

La decisión anunciada este martes tiende a cerrar una disputa entre gran parte del sector militar uniformado del Pentágono -que creen que deberían regir estos derechos- y funcionarios jerárquicos civiles que tienen una visión más amplia de los poderes a ellos conferidos dentro del marco de la así llamada "guerra contra el terrorismo".

En términos prácticos, el trato a los prisioneros quizás no cambie demasiado, ya que los estadounidenses afirman que lo han venido haciendo de manera humana.

Pero en términos legales, esta decisión -tomando en cuenta el fallo de la Corte Suprema- maracará una diferencia: se han descartado los tribunales militares especiales. Y eso implica que se deberá buscar otra forma de procesarlos, una que aplique estándares básicos de justicia.



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