En el informe del Consejo de Europa sobre el programa secreto de la CIA para el traslado ilegal de detenidos se nota que hay una gran indignación.
Ésta se debe al conflicto que existe entre los métodos empleados por Estados Unidos para destruir las redes de Al-Qaeda, por una parte, y las sensibilidades de los mecanismos de derechos humanos introducidos en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de no permitir el uso sin obstáculos del poder gubernamental, por otra.
El autor del informe, el senador suizo Dick Marty, tomó como base los resultados de sus investigaciones preliminares e identificó en qué radica, según él, la diferencia entre las respuestas de Europa y Estados Unidos al terrorismo:
"Mientras que los países del Viejo Mundo han enfrentado estas amenazas primariamente a través de las instituciones y sistemas legales existentes, Estados Unidos parece haber optado por una vía fundamentalmente diferente: al considerar que ni los instrumentos judiciales convencionales ni los establecidos en el marco de las leyes de guerra le servían para hacer frente de una manera efectiva a las nuevas formas de terrorismo internacional, decidió desarrollar nuevos conceptos legales".
"Este enfoque legal es completamente ajeno a la tradición y a la sensibilidad europeas, y es claramente contrario a la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos"
Vale la pena destacar en este punto que la discusión no es sobre los orígenes de los mecanismos de derechos humanos, que se inspiraron tanto en las experiencias de Estados Unidos como en las de Europa, sino sobre su aplicación actual.
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"Toda la fuerza necesaria"
La decisión estadounidense de tomar medidas antiterroristas que no se vieran reguladas por las leyes nacionales o internacionales surgió del deseo -o de la necesidad, desde el punto de vista de Washington- de evitar sus propias restricciones jurídicas y constitucionales que protegen los derechos individuales.
Por lo tanto, no sólo estableció un centro de detención en su base naval en Guantánamo, Cuba, sino que decidió utilizar una serie de "sitios negros" o prisiones secretas en diversos países de todo el mundo.
En esos "sitios negros", se mantuvo y se interrogó a importantes sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda, a veces a través de los llamados métodos "perfeccionados".
Una resolución del Congreso de Estados Unidas aprobada el 14 de septiembre de 2001 autorizó a la administración Bush a hacerlo.
De conformidad a esa resolución, "el Presidente está autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria y adecuada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron, llevaron a cabo o ayudaron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (...) con vista a evitar futuros ataques de terrorismo internacional contra Estados Unidos, perpetrados por esas naciones, organizaciones o personas".
Bush, a su vez, firmó un permiso específico, el 17 de septiembre de 2001, para que la CIA actuara como mejor lo estimara conveniente.
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Un elemento más
Por eso, quizás era inevitable que un día se presentara un conflicto entre los requerimientos operativos de la CIA y las preocupaciones legales de las organizaciones europeas de defensa de los derechos humanos, dirigidas por el Consejo de Europa, que administra la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Este conflicto es un elemento más de una amplia lucha legal, que incluye los esfuerzos por que se reconozcan los derechos de los prisioneros en Guantánamo y la presión sobre Estados Unidos para que se rija por una interpretación estricta de la convención contra la tortura.
La Secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, ha declarado que su país no tortura ni traslada prisioneros a manos de quienes lo hacen.
Polonia y Rumania
Las acusaciones más graves del informe de Marty están dirigidas a Polonia y Rumania que, según él, le permitieron a la CIA utilizar prisiones secretas en sus territorios.
Estas supuestas prisiones fueron denunciadas por el diario estadounidense Washington Post, en un artículo publicado en noviembre de 2005.
A petición de la Casa Blanca, en ese artículo no se mencionaba a ningún país por su nombre, pero se hablaba de "varias democracias de Europa Oriental".
Se cree que los lugares se cerraron de inmediato y los prisioneros fueron transferidos a otros países, probablemente en el norte de África.
Marty comparó datos de los vuelos de la CIA y apuntó a ambos países con un dedo acusatorio, aún más que en su informe preliminar, pero tanto Polonia como Rumania niegan que hayan hecho algo mal.
Otra información circunstancial intrigante la ofreció un ex prisionero secreto ahora libre en Yemen, Muhammad Bashmila.
En una entrevista concedida al programa televisivo Newsnight de la BBC, dijo que lo habían transferido de Afganistán a una prisión secreta donde hacía frío, la comida parecía europea y los rezos nocturnos se llevaban a cabo a las 8 y 45 de la noche, una hora bastante tardía. Las sospechas recayeron sobre algún país de Europa oriental.
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Equilibrio de libertades
El gobierno británico, entre otros, ha planteado que el fenómeno del terrorismo islámico es tan grave que el equilibrio de las libertades debe reconsiderarse.
"Estamos tratando de mantener la seguridad de nuestro pueblo, estamos tratando de luchar contra peligrosos grupos terroristas que se encuentran activos y que demuestran, más allá de sus palabras, su intención de destruirnos"
El senador Marty no acepta este argumento.
En su informe, dice que: "La compilación de las llamadas 'listas negras' de individuos y empresas sospechosos de estar vinculados a organizaciones consideradas terroristas, y la aplicación de las sanciones correspondientes, claramente quiebran todos los principios relativos al derecho fundamental a tener un juicio justo, ya que no incluyen acusaciones específicas, ni el derecho a ser escuchado por un tribunal, ni el derecho a apelar, ni los procedimientos establecidos para eliminar el nombre de uno de tales listas".
Pero Marty también cita en su informe la defensa de Dan Fried, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Europeos de Estados Unidos:
"Estamos tratando de mantener la seguridad de nuestro pueblo, estamos tratando de luchar contra peligrosos grupos terroristas que se encuentran activos y que demuestran, más allá de sus palabras, su intención de destruirnos. Estamos tratando de hacerlo de una forma que concuerde con nuestros valores y con nuestras obligaciones legales internacionales".
"En la práctica, hacer todo esto no es fácil, en parte porque, como hemos descubierto a medida que lo intentamos, la lucha en que participamos no se ajusta al marco legal criminal, pero tampoco entra fácilmente dentro del marco de las leyes de guerra".