El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, aseguró el sábado que la inversión en seguridad y defensa será prioritaria cuando presente el lunes su proyecto presupuestario para 2008.
Está previsto que el presidente solicite el lunes US$245.000 millones adicionales para financiar los conflictos de Irak y Afganistán.
De ese total, US$100.000 millones serían para este año y se sumarían a la partida extraordinaria de US$70.000 millones que Bush solicitó en septiembre.
Los US$145.000 millones restantes entrarían dentro de los presupuestos del año fiscal 2008, que comienza el 1 de octubre.
Estos montos se sumarían a los US$344.000 millones que EE.UU. lleva gastados en Irak desde marzo de 2003.
Se espera que la mayoría demócrata en el Congreso, que ya se mostró escéptica ante las promesas de Bush de equilibrar el presupuesto para el 2012, plantee varios cuestionamientos ante la petición de fondos extraordinarios.
"Duro" escrutinio
Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, adelantó el viernes que su partido someterá la solicitud de fondos extra a un "duro y serio" escrutinio.
Según Reid, "ésta debería de ser la última asignación suplementaria".
Bush indicó que el proyecto que presentará el lunes "eliminará el déficit fiscal para el año 2012".
A pesar de dar prioridad a la lucha contra el "terrorismo", Bush aseguró el sábado a los legisladores de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, reunidos en Virginia, que el compromiso militar de EE.UU. en Irak "tiene un límite".
Bush señaló que el gobierno de Bagdad tiene que mostrar mejoras tangibles en el frente político.
A su vez, se prevé que el proyecto de presupuesto de Bush contenga un recorte del 1% en la inversión en Medicare, lo que equivaldría a ahorros de US$66.000 millones en cinco años.
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Rob Portman, dijo el viernes que el plan de Bush no sólo eliminará el déficit, sino que se traducirá en un superávit fiscal en 2012.
Para que eso ocurra, indicó Bush, será necesario un fuerte repunte en la recaudación fiscal, recortes continuados en los gastos domésticos y en programas como los subsidios agrícolas, y menores desembolsos en Medicare y Medicaid.