El poder judicial iraní nunca fue independiente de la influencia política.
Hasta principios del siglo pasado, era controlada por clérigos. El sistema fue luego secularizado pero tras la revolución, la Corte Suprema revocó todas las leyes anti-islámicas previamente aprobadas. Inmediatamente, se introdujeron leyes basadas en la Sharia, derecho derivado de textos y enseñanzas islámicas.
El poder judicial garantiza el ejercicio de las leyes islámicas y define las políticas judiciales. También selecciona los seis miembros laicos del Consejo de los Guardianes.
El jefe del poder judicial, actualmente el Ayatolá Mahmoud Hashemi Shahrudi, es designado por el Líder Supremo, a quien debe responder.
En los años recientes, los partidarios de línea dura han utilizado el sistema judicial para frenar reformas, a través de la detención de personalidades reformistas y periodistas, y cerrando periódicos que no siguieran líneas conservadoras.
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