Bolivia: casi la mitad del suelo desertificado.

La degradación causa pérdidas de US$50 millones cada año en el sector agropecuario.

América Latina y el Caribe contienen una cuarta parte de las tierras desérticas y áridas del mundo.

Según Naciones Unidas, la pobreza y la presión sobre los recursos de tierra originan la degradación de muchas de esas áreas secas.

Bolivia es uno de los casos más dramáticos: alrededor del 41% del territorio está sufriendo procesos de degradación, de los cuales alrededor del 25% se puede considerar como degradación grave.

Esto quiere decir que una zona de más de 275.000 km2, es decir, del tamaño de Alemania, tiene una fuerte degradación y no es apta para ningún tipo de producción agropecuaria.

Causas

Según el Superintendente Agrario de Bolivia, Carlos Agreda, son varios los problemas que causan esta degradación de las tierras:

• Los ecosistemas bolivianos, que son altamente frágiles, están siendo explotados por uso inadecuado de las tierras en actividades de agricultura y ganadería.

• Hay una sistemática degradación de la cobertura vegetal y boscosa.

• Se construyen asentamientos urbanos que no cumplen con requisitos mínimos de sostenibilidad ambiental.

Calidad de vida

Además de las implicaciones ambientales, la degradación de tierras tiene serias consecuencias económicas.

Los asentamientos urbanos, una de las causas.

"La creciente pérdida de la capacidad productiva de nuestras tierras incide directamente en una disminución de los niveles de productividad y, por lo tanto una disminución en la calidad de vida de los bolivianos", dice Agredas.

Debido a la degradación, Bolivia pierde US$50 millones cada año, que equivale al 4% de la producción total del sector agropecuario y forestal del país.

Por esta razón, Bolivia es signataria de la Convención Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía de las Naciones Unidas y, en este marco, ha puesto en marcha un sistema nacional de regulación del uso sostenible de los recursos naturales renovables.

La estrategia del gobierno, explica Agreda, consiste no sólo en implementar sistemas de monitoreo, control y fiscalización, sino en invocar a la ciudadanía a participar a través del establecimiento de nuevas prácticas que establezcan un uso sostenible de los recursos naturales, tanto en la agricultura y la ganadería como en la explotación forestal.