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Viernes, 23 de noviembre de 2007 - 15:15 GMT
Denunciar o no... el dilema
Inma Gil
BBC Mundo

A primera vista y desde fuera, denunciar el delito de trata parecería ser la alternativa más obvia para las víctimas.

Mazo del juez
La motivación principal de las mujeres que no denuncian es claramente el miedo.

Pero desde dentro, las opciones no parecen ser tan claras.

Por un lado están el miedo y las amenazas, que paralizan a muchas mujeres.

Por otro, la maraña legal, que alarga angustiosamente los procesos judiciales sólo para acabar imponiendo, en muchos casos, condenas muy ligeras.

Combinados, ambos factores pueden desmotivar fácilmente hasta a la más decidida de las víctimas.

Tanto, que muchas acaban optando simplemente por tratar de olvidar lo que vivieron.

Para entender el dilema que enfrentan muchas de las víctimas, la BBC conversó con Marta González, abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza de las Hermanas Adoratrices, que prestan apoyo en Madrid a las mujeres víctimas de la trata para la explotación sexual.


Para una mujer que ha sido víctima de trata, ¿cuál es la motivación para denunciar?

La denuncia es una decisión que la mujer tiene que tomar voluntariamente, contando con toda la información para tomar una decisión informada y basada en lo que ella crea que le pueda convenir.

Hay mujeres que han sido víctimas de la trata y que tienen una enorme fuerza y valentía y deciden interponer una denuncia porque no quieren que lo que ellas han sufrido y han vivido lo tengan que pasar otras mujeres.

Muchas veces acuden a la policía a pedir ayuda simplemente. Lo que pasa es que esa petición de ayuda luego las va conduciendo a que terminen poniendo una denuncia.

Traficar con drogas, por ejemplo, tiene penas mucho más altas y tiene riesgos mucho más grandes para los autores que traficar con personas
Marta González, abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza

La motivación principal de las mujeres que no denuncian, es claramente el miedo. El miedo a sufrir represalias, tanto ellas como sus familias en los países de origen.

También la desconfianza hacia las autoridades, basada muchas veces en la experiencia que han tenido con las autoridades en su país de origen: una experiencia de corrupción, de ver que si no tienes dinero no puedes llegar a nada, no se te reconocen tus derechos...

Y desde esa experiencia desconfían de las autoridades y por tanto ni se atreven ni se plantean acudir aquí a la policía para denunciar.

¿Qué ganan denunciando?

Ellas muchas veces dicen que lo que más les importa es que las personas que han cometido estos delitos sean detenidas y sean enjuiciadas, que no salgan impunes de los actos que han cometido.

Por otro lado, cuando son informadas de que si denuncian pueden quizás llegar a obtener un permiso de residencia en España por razón de su colaboración con la policía, eso puede tal vez suponer para ellas un afianzamiento en su voluntad de denunciar.
La motivación principal de las mujeres que no denuncian, es claramente el miedo
Marta González, abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza

Pero esa no es su motivación principal porque en la mayoría de los casos cuando acuden a una comisaría ellas no conocen la ley de extranjería.

¿La interposición de una denuncia de trata implica automáticamente para la mujer la entrada en un programa de protección de testigos?

La ley de protección de testigos en España es una ley general, no se aplica solamente a los casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Esta ley la tiene que aplicar un juez cuando valora que una persona está en una situación de peligro por ser testigo en un proceso penal.

La realidad es que la ley tiene muchas lagunas, hay lagunas también en los medios materiales y personales para aplicarla: no hay aquí en España, por ejemplo, un grupo especializado de las fuerzas de seguridad dedicado a la protección de testigos, como sí hay en otros países, como Alemania.

Según la ley de extranjería, si las mujeres denuncian aportando información esencial y denuncian a redes criminales organizadas que llevan a cabo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tienen posibilidad de obtener un permiso de residencia por circunstancias excepcionales.
Marta González, abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza

Entonces, la protección que realmente llegan a obtener es una protección muy limitada, que básicamente se reduce a que sus datos personales no consten en la denuncia que interponen (...) y a que en las diligencias en el juzgado puedan declarar con un biombo que las separe visualmente a ellas como testigos y como víctimas de los autores del delito.

Pero en la mayoría de los casos tienen que prestar declaración, ratificar su denuncia o prestar testimonio en el juicio oral en la misma sala en la cual se encuentran los autores.

Y en la inmensa mayoría de los casos no se cuenta con medios como por ejemplo distorsionadores de voz.

Y ellas mismas se dan cuenta de que el riesgo de ser reconocidas es enorme.

Tras la denuncia, ¿cuánto suele durar el proceso judicial?

Desde que se interpone la denuncia hasta que se inicia el juicio oral y recae una sentencia, como media el proceso penal puede durar entre uno y dos años.

Hemos tenido casos que han sido más breves y casos que han superado ese baremo de tiempo, en los que han pasado hasta tres y cuatro años desde la denuncia hasta la sentencia.

Además, hay que ser consciente de que la sentencia que recae tras el juicio oral puede ser recurrida por los autores del delito.

El Tribunal Supremo tendría entonces que analizar el recurso y eso podría llevar otros dos años más, hasta que la sentencia se convierte en algo firme que hay que ejecutar.

¿Con qué penas se castiga a los culpables?

Las penas varían mucho de un caso a otro.

Finalmente los hechos se suelen penar con el delito de prostitución forzada
Marta González, abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza

Desde el año 2003 el código penal español introduce una reforma, que es el artículo 318 bis, que recoge el delito de trata de personas con fines de explotación unido al de delito de tráfico ilícito de inmigrantes.

Esto no debería ser así, desde nuestro punto de vista: tendrían que ser dos delitos que se recogieran separadamente, en artículos diferentes porque son realidades distintas.

Ambos casos están contemplados en el mismo artículo, y según éste se pueden llegar a imponer penas de entre 5 y 10 años de prisión cuando el delito de trata de personas se lleva a cabo con fines de explotación sexual.

Barras de una prisión
En la mayoría de los casos las penas que se imponen son como mucho de entre dos y cuatro años.
Sin embargo, por la experiencia que vamos teniendo desde el año 2003, nos damos cuenta de que la fiscalía no suele calificar los hechos como un delito de trata de personas con fines de explotación sexual (donde hay que probar que la persona ha sido captada en origen, ha sido trasladada al país de destino y ha sido explotada aquí).

En la mayoría de los casos, finalmente los hechos se suelen penar con el delito de prostitución forzada, que se recoge en el artículo 388 del código penal.

Y en España el delito de forzar a una persona adulta a mantenerse en el ejercicio de la prostitución o a ejercer la prostitución contra su voluntad se pena con entre dos y cuatro años de prisión.

Entonces, en la mayoría de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual las penas que se imponen son como mucho de entre dos y cuatro años.

Con el agravante de que, si la persona no tiene antecedentes penales, le suele caer la pena inferior, es decir, dos años de prisión.

Y si le recaen dos años de prisión, esta persona, en principio, no tendría ni siquiera que ingresar físicamente en prisión, si no presentarse en el juzgado cada quince días o cada mes según las medidas judiciales.

Hace falta más coordinación a nivel policial y judicial.

Incluso en el ámbito europeo donde existen instituciones como Europol y Eurojust, muchas veces no llega la información de unos países a otros.

Hace falta más coordinación a nivel policial y judicial.
Marta González, abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza
Hay redes que están operando a la vez en España, Portugal e Italia, y a lo mejor hay incluso autores que tienen antecedentes penales en Italia y entonces pasan a operar en España.

Y si las autoridades judiciales aquí tuvieran conocimiento de esos antecedentes penales que tienen en Italia podrían aplicarlos, y sin embargo se desconocen.

Entonces la mayoría de las penas que se imponen ni son disuasorias para los autores de los delitos ni estimulan a las víctimas a denunciar...

Efectivamente, este es un delito muy lucrativo, por el cual se pueden obtener enormes sumas de dinero, que sin embargo no tiene unos riesgos tan elevados como otros.

Traficar con drogas, por ejemplo, tiene penas mucho más altas y tiene riesgos mucho más grandes para los autores que traficar con personas.

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