Arslanian sugiere mirar a las causas sociales de la criminalidad.
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En Argentina, la provincia de Buenos Aires no sólo es la más poblada, sino que además es considerada la más problemática en materia criminal, especialmente en la zona "explosiva" que rodea a la capital federal.
Según el Ministerio de Seguridad provincial, hasta septiembre de este año se han registrado unos 580 homicidios en ocasión de asaltos y cerca de 50.000 robos de automotores, por citar algunos de los delitos más comunes.
En este territorio actúa la "maldita policía" -como le dicen en Argentina -, acusada de corrupta, de cobijar a ex represores del último régimen militar y de ser cómplice de bandas criminales.
BBC Mundo habló con el ministro de Seguridad de Buenos Aires, León Arslanian, a quien se le atribuye haber mejorado la situación durante sus dos gestiones en ese cargo (1998-1999 y 2004 a la fecha).
Arslanian nos cuenta qué medidas se han tomado y qué falta hacer.
El ministro sugiere aumentar la participación comunitaria en el trabajo policial.
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¿Cuáles son los delitos más comunes en la provincia de Buenos Aires?
Hay un conurbano explosivo. El 75% de los delitos que se cometen en la provincia corresponden a esa zona, donde hay situaciones de mayor exclusión social, extrema pobreza y ausencia absoluta de todas las instancias de control social.
Los más comunes son los delitos contra las personas y la propiedad. Dentro de los primeros, homicidio y lesiones. Y dentro de los segundos, el robo armado, de automotores, la piratería del asfalto, o sea el robo de camiones con cargamento, y últimamente el robo de cables para vender el cobre.
En materia de delitos contra las personas, el 60% de ellos se cometen entre individuos con relación de confianza: el nieto mata a la abuela, la hija manda a matar a los padres, el novio mata a la novia.
Usted ha encarado una reforma radical de la policía bonaerense. ¿Cómo le ha ido hasta ahora?
La situación imperante al tiempo que yo me hice cargo de la reforma de la policía era de una gravedad extraordinaria por varias razones.
Era una policía que había estado al servicio de la peor represión de la dictadura militar, en cuyas comisarías se torturaba, se mantenía clandestinamente a personas. Estaba carcomida por la corrupción, desprestigiada, desalentada, era temida por la sociedad, no profesional, no equipada.
Hubo dos grandes ejes en la reforma. El primero fue la depuración policial, mejorando sustancialmente Asuntos Internos, con una auditoria conducida por civiles, agilizando sus normas y dándole una gran eficacia.
En total se fueron cinco mil y pico de policías. El número de la fuerza en este momento es de 49.500, un ejército.
¿Y cuál fue el segundo eje de la reforma?
El segundo eje fue el de la participación comunitaria. Nosotros entendíamos que el divorcio absoluto que existía entra la policía y la comunidad sólo podía resolverse a partir de una activación social muy fuerte alrededor del tema de la seguridad.
La idea era dar poder a la comunidad para que sirviera de control del funcionamiento policial y a la vez para que tuviera interlocución con la policía e hiciera propuestas y trabajara en programas de seguridad local, para ir construyendo una policía de proximidad.
Esto lo concretamos con la creación, alrededor de cada comisaría, de foros de vecinos con los que trabaja la policía. Hicimos una gran reforma de la ley de seguridad de interior y los vecinos tienen facultades otorgadas por ley.
Usted dice que la situación de seguridad ha mejorado en la provincia. ¿Tiene cifras que lo demuestren?
Terminamos con los secuestros extorsivos, redujimos el índice de homicidios en un 40 % y disminuimos en un 30% el robo automotor.
También hemos sido eficaces en el esclarecimiento de hechos delictivos; no había investigación en la policía de la provincia. Desde que nosotros estamos, esclarecimos crímenes que hacía muchos años que se habían cometido.
En Argentina la sociedad está profundamente dividida en cuanto a cómo combatir la delincuencia: unos piden mano dura y otros afirman que hay que enfocarse en los problemas sociales que originan la inseguridad. ¿Usted qué piensa de esta división?
Es un debate totalmente artificial. La mano dura la expresan los sectores de derecha que preconizan soluciones mágicas; apelan al poder mítico de la pena y a que, a mayor pena, menor cantidad de delitos, como si la pena tuviese una función francamente disuasiva.
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La mano dura la expresan los sectores de derecha que preconizan soluciones mágicas; apelan al poder mítico de la pena y a que, a mayor pena, menor cantidad de delitos, como si la pena tuviese una función francamente disuasiva
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Quieren, por ejemplo, restricciones severas en materia de excarcelación, penas anticipadas que desconocen totalmente del principio de inocencia, es decir, el retorno en algunos aspectos a un derecho bárbaro.
Creen que Argentina debe tener más presos de los que tiene, como si fueran pocos. En la provincia de Buenos Aires hay 220 presos por cada 100 mil habitantes.
¿Entonces usted está en la otra vereda, en la del enfoque social?
No. A ver: tenemos que tener muy buenos policías, muy buenos jueces y un buen sistema penitenciario. Creo que la pena del derecho penal, mientras no haya otra cosa diferente, todavía sirve. Hay fuertes corrientes europeas de despenalización que yo no comparto.
Pienso, sí, que es necesario hacer una fuerte apertura hacia el tema de la exclusión social, porque si no vamos a cristalizar un modelo como el de Brasil, donde toda la comunidad parece que ha aceptado con resignación que haya una inequidad brutal.
Está demostrado científicamente que la desigualdad social se corresponde con un incremento de la violencia criminal y los delitos contra la propiedad.
Entonces, hay que darse el trabajo, que es lo que estamos haciendo nosotros con todos los segmentos sociales que nos acompañan en esto, de construir un nuevo discurso penal que se haga cargo de esta situación y discuta los modelos económicos que nos
llevan a la exclusión.
Porque la derecha en Argentina se ha negado sistemáticamente a discutir las causas del delito, negando que la extrema miseria sea una fuente de ello, porque esto remite a discusiones sobre la distribución del ingreso.
Cuénteme qué se está haciendo en este sentido.
El funcionario insiste en la necesidad de transformar el sistema económico argentino.
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Estoy impulsando un programa que se llama "Hacia la Paz Social por la Inclusión", que procura establecer un nuevo discurso penal en Argentina.
Nosotros hemos llamado a distintos sectores de la sociedad; hemos convocado a iglesias, empresarios, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones sociales de base, académicos, educadores y organizaciones de derechos humanos.
Y les hemos dicho: nosotros creemos que hay una manera diferente de trabajar en el problema de la inseguridad, pero para hacerlo es necesario que, en primer lugar, nos pongamos todos de acuerdo en el nuevo discurso penal, en el contenido que este tiene que tener y defendamos eso entre todos.
Segundo, queremos mostrar que es posible trabajar en el tema de la exclusión desde el Estado y desde las organizaciones. Para eso elegimos un territorio, un colectivo social de alta complejidad como es Fuerte Apache [un barrio marginal con alto índice de criminalidad].
Ingresamos allí para hacer un relevamiento muy completo de todo tipo: socio-cultural, de expectativas, cómo se relaciona el grupo, problemas laborales y de deserción escolar, expectativas personales, violencia doméstica.
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No puedo perder de vista que Washington, la capital del Estado más importante del mundo, tiene un índice de delitos, de homicidios, muy superior al de los países latinoamericanos
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Después, en el mismo lugar queremos aplicar propuestas para salir de la exclusión. Y el Estado debe tener una función articuladora de las organizaciones no gubernamentales, que si no trabajan con él no funcionan. El Estado tiene que abrirles espacios y recuperar su labor.
Cuando tengamos nuestro programa en marcha, vamos a ir al gobierno nacional y decirle: "Hágase cargo; hemos generado una matriz de trabajo para la inclusión y replíquela en todo el territorio con todos nosotros atrás encolumnados, colaborando".
¿Cree que la situación de inseguridad va a mejorar en Argentina?
Primero, la violencia es un tema muy difícil de reducir en todos lados del planeta. No puedo perder de vista que Washington, la capital del Estado más importante del mundo, tiene un índice de delitos, de homicidios, muy superior al de los países latinoamericanos.
En segundo lugar, creo que si no somos capaces de discutir el modelo económico y de terminar con la inequidad, difícilmente bajemos índice alguno; seguramente siga siendo el mismo o se vaya incrementando con el tiempo.