Los movimientos sociales generados en Bolivia por el descontento ante la falta de soluciones a la crisis económica se expresaron, durante el año 2003, en los más graves y violentos conflictos de las últimas dos décadas.
Unos 120 civiles murieron en los enfrentamientos con la policía.
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Estos conflictos forzaron una renuncia presidencial y el paso a un gobierno con una inusual exclusión de los partidos políticos del poder ejecutivo.
La renuncia a la presidencia del empresario Gonzalo Sánchez de Lozada ocurrió tras diez meses marcados trágicamente por la muerte de aproximadamente 120 civiles, como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado contra las protestas sociales.
En el curso de las protestas también resultaron heridas por lo menos 600 personas.
La influencia de nuevos actores sociales y el descontento de la población ya se habían expresado en las elecciones generales de junio del año 2002, cuando le faltó sólo el 1% de la votación al dirigente sindical indígena Evo Morales para triunfar sobre Sánchez de Lozada.
Partidos desprestigiados
Los cambios que ya se notaban en esa votación terminaron por concretarse durante el presente año en acciones sociales que marginaron a los partidos tradicionales del gobierno, pues el actual mandatario, el periodista Carlos Mesa, ejerce la presidencia sin la participación de militantes políticos en el poder ejecutivo.
Sánchez de Lozada tuvo que irse al exilio.
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Los partidos políticos que habían formado parte de la coalición de gobierno de Sánchez de Lozada, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Nueva Fuerza Republicana y Unión Cívica Solidaridad, quedaron muy desprestigiados y actualmente su actividad ha quedado reducida al parlamento.
El factor que actuó como detonante del generalizado descontento social fermentado durante varios años fue un proyecto de venta de gas natural a México y Estados Unidos, que se hizo muy impopular principalmente a causa de que la ruta de exportación debía pasar a través de territorio chileno.
El repudio de la población boliviana a construir un gasoducto a través de Chile se debe a que Bolivia, en una guerra contra ese país en 1879, perdió el territorio que le daba acceso al océano Pacífico.
El empeño de Sánchez de Lozada por concretar ese proyecto fue lo que desencadenó la caída de su gobierno.
Impuesto a los salarios
Pero ya desde comienzos de año se había manifestado una política de aplicar medidas impopulares, apoyado en una coalición que le brindaba mayoría en el parlamento para aprobar las leyes que el ejecutivo plantease y en la fuerza de los organismos de seguridad.
En El Alto comenzó la huelga contra la exportación de gas.
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Un grave preámbulo de las posibilidades de la acción de una población descontenta ocurrió en febrero, cuando por imposición del Fondo Monetario Internacional, Sánchez de Lozada creó un nuevo impuesto a los salarios.
En esa ocasión, la policía se amotinó en repudio al impuesto salarial y se enfrentó a balazos con el ejército, en las mismas puertas del palacio de gobierno, en La Paz, con el apoyo de civiles que rechazaban también el nuevo gravamen.
El impuesto fue anulado por el airado rechazo de la población y el resultado de ese conflicto fue la muerte de cuatro militares, 13 policías y 19 civiles, además de por lo menos 200 heridos.
Tras ese grave episodio, que puso en duda la permanencia de Sánchez de Lozada en la presidencia, se hizo evidente la inestabilidad política y se instaló un clima de intranquilidad en el que aparecieron acusaciones mutuas de conspiraciones para perpetrar golpes de Estado y terrorismo entre la oposición política y el gobierno.
La Paz aislada
El proyecto de exportación de gas se convirtió entonces en el tema central de una disputa agravada por varios conflictos sectoriales, que acabaron por ejercer una acción aparentemente unitaria que el gobierno de Sánchez de Lozada fue incapaz de contener.
El gobierno de Mesa goza de gran popularidad.
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Una escalada de huelgas y protestas callejeras derivó en octubre en una huelga impulsada por organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, contra la exportación de gas.
Esa huelga logró paralizar las actividades en La Paz y bloqueó el acceso de la sede de gobierno al resto del país y una vez más Sánchez de Lozada eligió el uso del ejército y la policía para tratar de superar el conflicto y militarizó la ciudad de El Alto.
El uso de la fuerza policial y militar causó aproximadamente 80 muertos y 400 heridos entre los vecinos de El Alto, pero el bloqueo se endureció, La Paz quedó completamente aislada y la impopularidad de Sánchez de Lozada aumentó al punto en que casi todos los sectores pidieron su renuncia.
El entonces vicepresidente, Carlos Mesa, quien luego de las muertes ocasionadas por la represión le retiró su apoyo a Sánchez de Lozada, asumió la primera magistratura el 17 de octubre y, tras más de dos meses de gobierno, goza de gran popularidad.
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