La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una ley que permite a los médicos del estado de Oregón ayudar a morir a pacientes terminales, en lo que constituye una derrota judicial para el gobierno de George W. Bush.
Roberts fue derrotado en la primera votación de importancia como presidente de la Corte.
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Los jueces votaron 6 a favor y 3 en contra de la ley, bajo la cual se habrían realizado al menos 208 suicidios asistidos.
El fallo podría llevar a otros estados a adoptar una legislación similar a Oregón, el único que actualmente cuenta con esta ley.
El nuevo presidente del máximo tribunal estadounidense, John Roberts, fue uno de los tres jueces que votó en contra, en el primer gran caso ético que llega a la Corte desde que él asumió el cargo.
Legado de Ashcroft
Antes de la votación, los expertos legales especularon sobre cuál sería la posición de Roberts.
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Ley en Oregón
Los pacientes deben estar en los últimos seis meses de la enfermedad terminal
Deben hacer dos pedidos orales y uno escrito, separados por un período de dos semanas
Dos doctores deben confirmar el diagnóstico
Los pacientes deben ser mentalmente competentes para tomar la decisión
La prescripción de las drogas letales debe ser echa por médicos y éstas deben ser auto-suministradas por los pacientes
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Muchos esperaban que expresara su rechazo a la ley, debido a su condición de católico romano, pero otros creían que la apoyaría, ya que es un defensor de que los estados decidan sobre sus propios asuntos.
El juez Anthony Kennedy justificó la decisión tomada por la mayoría, que es vista como un revés para ex fiscal general de la administración Bush, John Ashcroft, ya que fue él quien llevó el caso a la Corte.
Ashcroft llegó a considerar el uso de la legislación contra el tráfico de drogas para castigar a los médicos que prescribían dosis letales de medicamentos para provocar la muerte de los pacientes.
El juez Kennedy escribió que "la autoridad que se atribuyó el fiscal general estaba más allá de sus conocimientos y era incompatible con el propósito original" de dicha legislación.
Pero Antonin Scalia, el magistrado que defendió los argumentos de la minoría, opinó que "si el término 'objetivo médico legítimo' tiene algún sentido, éste seguramente excluye la prescripción de drogas para causar la muerte".
Oregón aprobó esta ley en un referendo realizado en 1997. Ese mismo año, la Corte Suprema falló que los pacientes no tienen derecho constitucional al suicidio asistido.
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