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Lunes, 14 de julio de 2003 - 10:28 GMT
Bélgica: cambios en la ley de genocidio
Primer ministro belga Guy Verhofstadt votando
El gobierno de Verhofstadt estrena ley.
Tal y como lo había anunciado el primer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt, la ley que otorga a las cortes de ese país la posibilidad de juzgar casos referentes a crímenes de guerra, sin importar dónde fueron cometidos, fue modificada.

El cambio, que recibió fuertes críticas por parte de organismos defensores de los derechos humanos, señala que bajo la nueva legislación sólo serán considerados aquellos casos que involucren a ciudadanos belgas o extranjeros que residan en Bélgica.


Un golpe muy duro para el movimiento internacional de defensa de los derechos humanos

Jan Brocatus, Amnistía Internacional
La normativa -de 1993- permitía a los tribunales belgas abrir procesos por crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidio, independientemente de la nacionalidad del acusado, de la víctima o del lugar en donde ocurrieron los hechos.

La decisión significa que las acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, George W. Bush; el primer ministro de Israel, Ariel Sharon; el de Gran Bretaña, Tony Blair; el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld; el secretario de Estado, Colin Powell y la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, serán descartadas.

Fuertes críticas

Colin Powell, Secretario de Estado de EE.UU.
La querella contra Powell será descartada.
La modificación de la denominada "ley de competencia universal" ha sido fuertemente por grupos defensores de los derechos humanos.

La organización Amnistía Internacional consideró que la medida tomada por el primer ministro es "un gran paso atrás para los derechos humanos".

Human Rights Watch por su parte, acusó a Bélgica de ceder a la presión de Estados Unidos e Israel.

"Lo que me entristece es que, con toda la presión de Estados Unidos e Israel, hemos olvidado completamente el objetivo inicial de esta ley, que era brindarle justicia a las víctimas de crímenes horribles", dijo Geraldine Mattioli, de la oficina de Human Rights Watch en Bruselas.


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