¿Qué es el TPI?

A partir del TPI ya no son necesarios tribunales para casos específicos como el genocidio de Ruanda.

La idea de este órgano judicial se originó en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio.

Recién en 1998 y tras superar intensas resistencias, una conferencia internacional en Roma, Italia, aprobó el estatuto de creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), que hasta ahora sólo ha sido ratificado por poco más de 70 naciones y no es respaldado por importantes países como Estados Unidos, Rusia, China y la mayoría de los estados árabes.

Washington ha incluso firmado acuerdos bilaterales con 24 países para garantizar la inmunidad de sus ciudadanos. La Casa Blanca logró además la resolución 1.422 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger a sus soldados.

A partir de esta resolución, que se extendió durante otros 12 meses en junio de 2003, los efectivos de cualquier país no miembro del TPI que participen en operaciones de mantenimiento de paz autorizadas por la ONU no puden ser llevados a juicio por este tribunal.

La jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) no tiene límites geográficos y su carácter permanente reemplaza la formación de tribunales transitorios creados para tratar situaciones específicas como los crímenes de guerra en Ruanda o Bosnia, entre otros.

El TPI no actuará de forma retroactiva (sólo se ocupará de delitos cometidos a partir de la fecha de su creación, o sea el 1 de julio de 2002) por lo que los tribunales de crímenes de guerra ya en funcionamiento no serán fusionados con el nuevo organismo.

Tipos de crímenes

El TPI juzgará cuatro tipos de crímenes cometidos por individuos:

• Genocidio.
• Guerra, incluidos conflictos internos.
• Lesa humanidad.
• Agresión, incluyendo delitos de carácter sexual (violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etc.) y de carácter racial como el "apartheid".

Como al momento de firmarse el Tratado de Roma, no hubo acuerdo sobre definiciones de actos terroristas, el tribunal se ocupará de estos casos, sólo si considera que tales actos representan crímenes de lesa humanidad.

Composición

Los estados parte eligieron por voto secreto al fiscal.

También nombraron a los 18 jueces que fueron seleccionados entre profesionales de reconocida competencia en derecho internacional, penal y derechos humanos.

Los magistrados tendrán un mandato de nueve años durante los cuales, los estados no pueden interferir en sus funciones.

Proceso y procesados

Los procesos pueden ser iniciados a instancia de un estado parte, del fiscal o el Consejo de Seguridad de la ONU.

Al ser complementario de las jurisdicciones nacionales, el TPI sólo actuará cuando el estado competente no lleve a cabo la investigación o juicio o cuando un asunto ya haya sido juzgado.

Pero al mismo tiempo, el TPI puede determinar que un proceso o juicio nacional no cumple con las garantías reconocidas en el derecho internacional.

Cualquier ciudadano de un estado parte, o a instancias del Consejo de Seguridad, cualquier ciudadano de cualquier país puede ser juzgado.

Puede tratarse de particulares, funcionarios de gobierno, militares, políticos, incluso jefes de Estado o de Gobierno, ya que una vez ratificado, el estado parte reconoce la jurisdicción automática del TPI.

Pena de muerte

El TPI no tiene competencia para imponer la pena de muerte.

Si la gravedad del caso lo justifica, existe la prisión perpetua; la sentencia de prisión más larga se extiende hasta 30 años.

Jurisdicción

El TPI es un órgano independiente de Naciones Unidas y trabaja en forma complementaria y subsidiaria con los tribunales nacionales.

Algunos gobiernos ya han introducido cambios en sus legislaciones nacionales para evitar diferencias de criterio con el organismo internacional.

El TPI no tiene jurisdicción en los estados que no ratifiquen el Tratado de Roma, pero puede actuar en ciertos casos bajo pedido expreso del Consejo de Seguridad de la ONU.

La cantidad de estados parte afecta también el financiamiento del tribunal, que al respecto seguirá la misma política de contribuciones que las Naciones Unidas (de acorde a las condiciones económicas de cada país).

Alemania, Francia y Gran Bretaña son, al menos al principio, los principales contribuyentes.