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Escribe: Lourdes Heredia
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Miércoles, 20 de noviembre de 2002 - 02:05 GMT
Bush logró su superministerio
El Capitolio
El "superministerio" ha sido debatido durante meses por ambas cámaras.
Escribe Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Washington.

El Senado de los Estados Unidos aprobó por 90 votos a 9 la implementación del departamento de Seguridad Interna tras meses de debate.

Esta es la reorganización más importante del gobierno federal en más de medio siglo y es, además, una gran victoria para el presidente George W. Bush.

George W. Bush
La aprobación parlamentaria es un gran éxito para la administración Bush.
El nuevo departamento llegará a tener 170.000 trabajadores y fusionará 22 agencias que se encargan desde inmigración, fronteras, aduanas, hasta cualquier tema de seguridad, servicio de guardacostas, transporte y energía.

La ley también incluye protección para los fabricantes de equipos de seguridad de aeropuertos y para firmas de seguridad de aeropuertos.

Asimismo obligará al gobierno a gastar unos US$90 mil millones anuales en la industria de seguros, por posibles reclamos ante cualquier posible ataque terrorista.

La aprobación de este "superministerio", considerado como una prioridad para la administración Bush "para proteger a los estadounidenses de los ataques terroristas", sólo se hizo patente después de la victoria electoral de los republicanos tras las elecciones del 5 de noviembre.

Largo debate

Lo cierto es que ambos partidos apoyaban la creación de una agencia para manejar mejor las amenazas de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre, pero hubo desacuerdos en varios puntos.

El primer obstáculo fue por la protección laboral de los 170 mil trabajadores de la nueva agencia. Los demócratas argumentaron que la ley carecía aún de una protección adecuada.

Tom Ridge, director de Seguridad Nacional
El actual director de Seguridad Nacional, Tom Ridge, lideraría el "superministerio".
Al final se llegó a un acuerdo: el departamento negociará cualquier cambio en el ámbito laboral con el sindicato de los empleados y hasta contemplará la mediación federal en caso de que no haya acuerdo, pero sin atarle las manos al presidente para que realice cualquier modificación si así lo considera necesario.

Otro obstáculo fueron las "siete cláusulas de la discordia" que los demócratas señalan como beneficiosas para los amigos de los republicanos. Estas claúsulas se incluyeron a última hora por la Cámara de Representantes (controlada por los republicanos).

Los senadores demócratas quisieron eliminarlas, pero eso hubiera retrasado más la aprobación del proyecto y terminaron por dar su brazo a torcer.

Críticas al superministerio

Los críticos del departamento dicen que será demasiado grande (más de 170.000 empleados); demasiado débil (no tendrá autoridad sobre las agencias de inteligencia); demasiado entrometido (tendrá acceso sin precedentes a la información de la policía, las agencias de espionaje y el sector privado); demasiado secreto (gran parte de su trabajo estará exento de cumplir la Ley de Libertad de Información); y tendrá demasiado trabajo.

Pero para la administración Bush este nuevo ministerio es la manera más eficaz de proteger al país frente a las nuevas amenazas.

Frontera de México con EE.UU.
La inmigración podría verse afectada por la creación del "superministerio".
Además, aseguran que esta será la manera de prevenir la falta de comunicación entre todas las agencias que se encargan de la seguridad.

Otros temen el efecto que tendrá este nuevo departamento en temas como las libertades civiles y la inmigración.

Por ejemplo, en una editorial del diario "La Raza" se advirtió que con un departamento centralizado de seguridad doméstica "que tenga más facilidades para actuar sin respeto por los derechos civiles de las personas. Los inmigrantes quedan especialmente desprotegidos".

Los analistas consultados por la BBC opinan que esto no sucederá necesariamente, pero indican que el nuevo departamento absorbería al Servicio de Inmigración y Naturalización y le dividiría en dos, algo que "podría" perjudicar los nuevos inmigrantes porque retrasará los procedimiento de visas y dará prioridad a las deportaciones.

Los grupos de derechos civiles también temen que con este ministerio se concrete la percepción de que los inmigrantes ya no sean "gente que contribuye al país" sino personas que pueden perjudicarlo.


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