España: maltrato a inmigrantes

Suárez-Llanos (izq.): "Hay una tendencia creciente de denuncias y casos de malos tratos".

Escribe Marcelo Risi, corresponsal de la BBC en España.

Los españoles tienen que terminar "de dar lecciones de democracia en el extranjero, dejando de ver la paja en el ojo ajeno", exigió Guillermo Pérez Reyes.

Pérez Reyes es el abogado defensor de la peruana Miriam Verástegui, de 32 años, que fue objeto de agresión sexual en una comisaría de Madrid.

Destino de inmigrante

El informe presenta 32 casos de violaciones de los DD.HH. con motivaciones racistas

En la lista figuran 18 marroquíes y seis latinoamericanos

Entre los casos se registraron seis muertes en custodia y cinco violaciones o asaltos sexuales

Este es uno de los 321 casos del informe "España: Crisis de identidad - Torturas y malos tratos con motivos racistas a manos de agentes del Estado", presentado en Madrid por la organización de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI).

Se trata del tercer trabajo extenso que AI realiza sobre España desde 1984 y el primero que contempla las motivaciones racistas para violaciones de los DD.HH.

El informe menciona en detalle 32 casos (entre ellos, 18 ciudadanos marroquíes y seis latinoamericanos), entre los cuales figuran seis muertes en custodia y cinco violaciones o asaltos sexuales por parte de agentes del Estado.

España, puerta de Europa

Hay una tendencia creciente de "denuncias y casos de malos tratos y torturas con componente racista a manos de agentes del Estado", denunció Eva Suárez-Llanos, presidenta de AI en España.

La decisión de colocar a España en el centro de la atención refleja el hecho que este país se ha consolidado como puerta de entrada para inmigrantes hacia la Unión Europea (UE).

Asimismo, sirve como un llamado hacia el gobierno de José María Aznar, que preside la UE durante el primer semestre del 2002.

Así, España es actualmente responsable de insistir en el respeto de los DD.HH. entre los 15 miembros de la UE y debería servir como ejemplo en la materia, un papel que está lejos de cumplir, según el informe de 100 páginas de AI.

Impunidad

Según Rumí, del PSOE, la política de inmigración del gobierno "ha tocado fondo".

Al inicio de la agresión física o sexual están frecuentemente la tipificación racial y el uso discriminatorio de controles de identidad por parte de la policía.

Para Eva Suárez-Llanos, esto demuestra que España está "lejos de reconocer la práctica de abusos y la vulnerabilidad específica de minorías étnicas, como mujeres marroquíes o de América Latina, frente a agentes de seguridad".

Más allá de los delitos mismos, la impunidad de quienes atentan contra los DD.HH. se identifica a como uno de los principales problemas.

Así, a una denuncia por malos tratos frecuentemente le sigue una contra-denuncia o bien no se dan los pasos necesarios por falta de asistencia legal adecuada o la indiferencia de las autoridades judiciales.

Vacío legal

"Tendríamos que reflexionar todos los españoles sobre la necesidad de dotarnos de un sistema de la ley penal que sea más adaptado a la ley actual y que nos comportemos a la altura de las circunstancias", dice el abogado Guillermo Pérez Reyes.

Habría un vacío legal, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos y traslados dentro de recintos penales, por lo cual se presenta la complicación jurídica para fundamentar una denuncia.

Tendríamos que reflexionar todos los españoles sobre la necesidad de dotarnos de un sistema de la ley penal que sea más adaptado a la ley actual

Guillermo Pérez Reyes, abogado

En este sentido encajaría una de las principales conclusiones del informe de AI, según el cual los abusos con componente racista ocurren "de manera frecuente y extendida en el territorio español".

Por lo tanto, AI se muestra cuanto menos sorprendida porque el gobierno español haya remitido a la ONU y al Comité Internacional contra la Tortura dos informes en los que asegura que los casos de racismo en España son aislados y que han desaparecido las denuncias por esa causa, citando incluso supuestos informes de AI y del Defensor del Pueblo.

Responsabilidad

En cuanto al racismo, AI denuncia que en el nivel oficial sólo se reconocen episodios como los provocados por grupos neonazis, mientras que se ignora el comportamiento racista avalado por las fuerzas de seguridad o el ministerio del Interior de España, que suelen establecer una correlación entre el incremento de la criminalidad y el aumento en el número de inmigrantes.

Para la oposición socialista, la política de inmigración del gobierno "ha tocado fondo" y estaría "negando lo evidente", dijo la secretaria de Política de Inmigración del Partido Socialista, Consuelo Rumí.

El gobierno no ha reaccionado al informe de AI.

Gilian Flemming, la investigadora responsable del informe, hizo un llamado a las autoridades para que "no utilicen las cifras de criminalidad con fines políticos, sin explicar de un modo responsable lo que está pasando".

"Lo cierto es que no hay relación entre la delincuencia y el origen racial de la gente", insistió.