El Fiscal General del estado de Iowa, en Estados Unidos, presentó más de 9.000 cargos de violaciones a las leyes de trabajo infantil contra una procesadora de carne donde en mayo pasado se produjo una masiva redada de indocumentados.
Todos los menores implicados en el caso son hispanos indocumentados.
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Según la fiscalía, entre septiembre de 2007 y mayo de este año, en la empresa Agriprocessors -que vende casi toda la carne y el pollo "kosher" (sacrificados por el rito judío) que se consume en EE.UU.- trabajaron 32 menores de edad, siete de ellos de menos de 16 años.
Todos son hispanos, en su mayoría nacidos en Guatemala, e indocumentados.
La lista de infracciones incluye menores trabajando en actividades prohibidas, sin permiso de trabajo, jornadas excesivas, exposición a sustancias peligrosas y uso de herramientas no permitidas, entre otras.
El propio fiscal general de Iowa, Tom Miller, admitió que es el mayor caso de esta clase que ha manejado en sus 26 años en la posición.
"Nunca habíamos presentado este número de cargos en un solo caso", dijo Miller ante los periodistas.
Los acusados
Estas son las primeras acusaciones estatales y federales presentadas contra los operadores de la procesadora Agriprocessors de la localidad de Postville, donde unos 400 inmigrantes fueron detenidos en mayo pasado, durante una de las redadas más grandes en un solo lugar llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Estas son las primeras acusaciones contra la fábrica Agriprocessors.
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De los detenidos en aquella ocasión, 10 eran menores de edad.
Entre los acusados figuran, además de la propia empresa, Agriprocessors, Inc., el propietario, Abraham Aaron Rubashkin; su hijo y ex administrador, Sholom Rubashkin; la gerente de recursos humanos, Elizabeth Billmeyer; y Laura Althouse y Karina Freund, gerentes en la división de recursos humanos de la compañía.
Todos enfrentan 9.311 cargos, uno por cada día en que supuestamente se cometió la violación con un empleado.
"Cada uno de los acusados tenían conocimiento mutuo de que Agriprocessors empleaba a inmigrantes indocumentados. También era de conocimiento mutuo entre los acusados que muchos de esos trabajadores eran menores", indica la querella.
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 30 días de prisión por cada cargo y multas de hasta US$5 millones entre todos.
Respuesta "esperada"
En un comunicado, un ejecutivo de la planta, Chaim Abrahams, negó las acusaciones y dijo que la compañía irá a juicio para desmentir "la noción de que a sabiendas contrató a trabajadores menores de edad".
El fiscal de Iowa dijo que es el mayor caso de esta clase que ha manejado.
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Abrahams aseguró que "todos los menores en el caso mintieron sobre sus edades para poder obtener empleo en la compañía" y presentaron documentos que aseguraban que tenían más de 18 años.
"Es una respuesta muy esperada", exclamó Sonia Parras Konrad, abogada de inmigración que representa a los menores. "Por supuesto que no va a admitir que sí tenían conocimiento y que el empleo de los menores fue a propósito".
La abogada afirmó que los menores inmigrantes fueron "presa fácil" para la empresa. "A sabiendas de que están indocumentados, los contratan y los explotan".
"Los niños además de haber sido empleados como menores estaban expuestos a químicos, a sustancias muy peligrosas y estaban realizando trabajos que los ponían a riesgo de daños físicos constantemente", agregó Parras Konrad.
Añadió que el trato en el trabajo "era inhumano", que la jornada laboral era muy larga y que el trabajo resultaba exhaustivo.
Los menores buscan obtener una visa tipo U-Visa, que es un recurso para víctimas de crímenes de violencia que colaboran con las autoridades en la investigación o persecución de esos delitos. Todos enfrentan la deportación.
Parras Konrad calificó de "valiente" la medida de la Fiscalía de Iowa, al presentar un número tan alto de cargos en contra de Agriprocessors.