Los Franco se enfrentan a Galicia

El pazo de Meirás fue construido en 1893. (Foto cortesía de Xosé Castro, La Voz de Galicia)

La familia del fallecido gobernante militar de España Francisco Franco se negó a permitir que las autoridades del gobierno regional de Galicia inspeccionaran su antigua casa de residencia veraniega, un requisito necesario para llevar a cabo el plan de abrir el edificio histórico al público.

Según el gobierno gallego, el objetivo de los inspectores -un arquitecto, un arqueólogo y un historiador del arte-, era "comprobar el estado de conservación y el interés patrimonial del inmueble".

Pero la hija del ex general, Carmen Franco Polo, de 80 años de edad, les negó la entrada a su residencia, conocida como Pazo de Meirás, aduciendo que una inspección atentaría "contra la inviolabilidad del domicilio".

El gobierno de Galicia, la Xunta, quiere declarar este edificio del siglo XIX un Bien de Interés Cultural de esa región del noroeste del país, lo cual obligaría a la familia heredera de Franco a abrir al público gratuitamente ciertas dependencias del pazo y sus alrededores.

El Pazo de Meirás, que cuenta con unas seis hectáreas de terreno adyacente, fue entregado como obsequio al general Franco por su propio gobierno en 1938.

Obstrucción

Franco recibió el Pazo de Meirás como obsequio de su gobierno en 1938.

Actualmente pertenece a su hija, pero desde 1991 está incluido en un listado en el que figuran los edificios de mayor interés cultural de Galicia, lo cual le otorga al gobierno regional el derecho legal de cuidar la propiedad.

La familia Franco ya ha negado en varias ocasiones la entrada de los técnicos de la Xunta, una visita con la que pretenden elaborar un informe previo a la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural.

Por eso ahora el departamento de Cultura del gobierno gallego anunció que podría adoptar medidas legales para obligar a la familia Franco a permitir la entrada de sus inspectores.

La negativa de la familia a permitir la inspección del gobierno podría considerarse como una infracción leve en materia de patrimonio cultural, que puede conllevar una sanción de hasta 60.000 euros (unos US$82.000).