El título encaja perfecto con el caso del padre Javier Giraldo y de otros defensores de derechos humanos en Colombia.
Los defensores de derechos humanos dicen que el grado de impunidad en el país no justifica estas investigaciones contra activistas.
Giraldo, un sacerdote jesuita que dirige una de las bases de datos más completas sobre violaciones a derechos humanos en este país, fue citado por un fiscal de Bogotá para que responda en indagatoria por presuntos delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia.
En febrero pasado, la organización estadounidense Human Rights First publicó un informe según el cual la Fiscalía colombiana desarrolla 32 investigaciones "infundadas" contra defensores de derechos humanos, en lo que llamó "acoso judicial".
"Es un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad. La tenacidad de los fiscales colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante", asegura el informe.
Pero en declaraciones a BBC Mundo, la oficina del Fiscal General de Colombia rechazó esos señalamientos.
El proceso contra Giraldo comenzó por una denuncia penal instaurada por un coronel del Ejército, después de que Giraldo fue una de las primeras voces que puso al descubierto una terrible masacre.
Un crimen atroz
Se trata de lo ocurrido en San José de Apartadó, una "comunidad de paz" situada en el conflictivo Golfo de Urabá, en el noroeste de Colombia, donde ocho personas, entre ellas tres menores de edad, fueron asesinadas el 21 de febrero de 2005.
El crimen causó un gran impacto nacional e internacional, pues los tres niños -entre ellos uno que tenía un año de edad - fueron degollados y los cuerpos de los cinco adultos aparecieron descuartizados.
Hasta ahora, la Fiscalía colombiana ha acusado a 10 militares por su participación en esos hechos, en los que también procesa a algunos miembros de grupos paramilitares que actúan en el norte de Colombia.
Giraldo, quien trabaja para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), está molesto con la Fiscalía y anticipa que no se presentará a la indagatoria.
Según él, la Fiscalía no respeta el debido proceso y, además, se considera "víctima" de un tráfico de "testimonios mercantilizados", que pretenden vincularle con grupos guerrilleros.
Preocupación
El director del CINEP, Mauricio García, no ocultó su preocupación y señaló que la denuncia contra Giraldo fue puesta "por quien ejercía el mando operacional de la Operación Fénix, en desarrollo de la cual paramilitares e integrantes de la Brigada 17 ejecutaron a ocho personas".
García rechazó lo que considera "constantes señalamientos y montajes judiciales" contra defensores de derechos humanos y desestimó las acusaciones según las cuales el CINEP es sesgado en sus informes sobre derechos humanos.
"A mucha gente se le olvida, por ejemplo, que según nuestro banco de datos la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ocupó el primer lugar en cuanto a infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 2002, uno de los años en que la confrontación armada ha sido más intensa", señaló.
Por su parte, Jorge Molano, abogado defensor de derechos humanos, dijo a BBC Mundo que llama la atención que la Fiscalía "no haya vinculado a la investigación por la masacre al coronel que puso la denuncia contra Giraldo, pero, en cambio, sí haya citado a indagatoria al padre por falsa denuncia".
"Yo creo que la finalidad es, por un lado, encubrir y, por otro, promover la impunidad", se quejó Molano.
La misma denuncia contra Giraldo fue puesta en contra del abogado Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad, una organización con sede en Medellín, y contra un ex defensor del Pueblo de la zona de Urabá.
"Respeto por las ONG"
BBC Mundo contactó con la oficina el Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, para indagar por las denuncias de Giraldo y del informe de Human Rights First.
El vocero de prensa de la entidad, Rodrigo Barrera, declaró que "el fiscal Iguarán respeta a las organizaciones no gubernamentales, ONG".
"El hecho de que existan investigaciones contra algunos miembros de ONG no puede interpretarse como un acoso judicial contra defensores de derechos humanos", dijo Barrera, hablando a nombre de Iguarán.
Pero a Mauricio García le preocupan las consecuencias que puedan tener las acusaciones contra los defensores.
"En ese contexto es muy posible pasar de las amenazas a las muertes", advirtió.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, en 2008 fueron asesinados al menos 11 defensores de derechos humanos en Colombia y otros más fueron "detenidos arbitrariamente".
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El hecho de que existan investigaciones contra algunos miembros de ONG no puede interpretarse como un acoso judicial contra defensores de derechos humanos
