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Miércoles, 4 de marzo de 2009 - 23:44 GMT
Prefectos enjuician a Morales
Mery Vaca
Mery Vaca
Bolivia

Prefectos Ernesto Suárez, de Beni, Mario Cossío, de Tarija, Rubén Costas, de Santa Cruz, y Sabina Cuéllar, de Chuquisaca
Los prefectos opositores acusan a Morales de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes

Cuatro prefectos de la oposición iniciaron en Bolivia un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales, a quien acusan de promover la corrupción.

Morales y su gabinete emitieron un decreto que autoriza a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) a realizar compras y contrataciones sin licitación, lo que, a decir de los opositores, es el origen de la corrupción en la empresa.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, planteó la demanda a la que luego se sumaron el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar.

Acusan a Morales de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El Presidente y su gabinete tienen responsabilidad en favorecer las condiciones que generan los hechos de corrupción
Oscar Ortiz, presidente del Senado

Todo juicio de responsabilidades debe ser previamente aprobado por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso, sin embargo, esta instancia está dominada por el oficialismo, lo que hace prever que el juicio no prosperará.

El gobierno reaccionó indignado. Dijo que los prefectos buscan poner una cortina de humo sobre sus propios actos de corrupción y que pretenden dañar la candidatura de Morales, quien postulará en diciembre a la reelección presidencial.

A finales de enero, un caso de presunta corrupción estalló en la estatal YPFB. A raíz de ese hecho, el entonces presidente de la petrolera y ex hombre fuerte del partido de gobierno, Santos Ramírez, fue destituido del cargo y ahora guarda detención en una cárcel de La Paz.

"Presos políticos"

Los cuatro prefectos opositores se trasladaron desde sus regiones este miércoles a Sucre para sostener reuniones con la Corte Suprema de Justicia. Allá pidieron juicios justos para los que llaman "presos políticos" y expusieron los motivos del juicio en contra de Morales.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, explicó que la acusación "tiene como propósito que se esclarezcan y se conozca a cabalidad una conducta que ha llevado a la comisión de algunos hechos profundamente lamentables que han sido descubiertos en YPFB".

Seguramente van a pretender descalificar o vetar la candidatura del Presidente, atentar contra el proceso de cambio a través de procesos (judiciales) que no tienen ni pies ni cabeza
Héctor Arce, ministro de Defensa Legal

Dijo que Morales es responsable también de esos hechos porque "autorizó al presidente de YPFB a que pueda de manera libre y directa sin cumplir ninguna formalidad, sin licitación pública, (...) a hacer todo tipo de contrataciones, obras, bienes y servicios".

La Fiscalía de La Paz acusa al ex presidente de YPFB de haber firmado contratos dañinos al estado y sospecha que, por ese motivo, recibió sobornos.

El presidente del Senado y principal opositor en el Congreso, Oscar Ortiz, complementó que "el presidente y su gabinete tienen responsabilidad en favorecer las condiciones que generan los hechos de corrupción porque han aprobado decretos disponiendo la contratación directa haciendo a un lado las licitaciones como una forma de administrar los recursos del estado".

Chacota jurídica

El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, respondió que los prefectos buscan tapar sus propios actos de corrupción y perjudicar a Morales en su candidatura a la Presidencia.

Empleados de la empresa estatal boliviana YPFB
El ex presidente de YPFB también enfrenta acusaciones de corrupción.
García dijo que el informe presentado por el prefecto Cossío "es una chacota jurídica porque no tiene ni pies ni cabeza" y agregó que "si quieren perjudicar la candidatura de Evo Morales, eso no pasará".

En la misma línea, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, dijo que "seguramente van a pretender descalificar o vetar la candidatura del presidente, atentar contra el proceso de cambio a través de procesos (judiciales) que no tienen ni pies ni cabeza".

El ministro también acusó a los prefectos que pretender reeditar "un golpe cívico prefectural que ha fracasado su golpe de Estado de septiembre del año pasado".

La demanda en contra del presidente aleja aún más al gobierno y a los prefectos opositores.

Morales convocó a sus adversarios a dialogar sobre las autonomías, pero éstos se niegan a asistir mientras el Gobierno no libre a los "presos políticos".

Los prefectos se refieren de esa forma al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros detenidos por la masacre de Pando, donde murieron cerca de 20 personas.



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