Uruguay vota contra amnistía

Veronica Smink
BBC Mundo, Cono Sur

La decisión parlamentaria no es vinculante.

La Asamblea General del Congreso uruguayo declaró este miércoles inconstitucional la Ley de Caducidad que amnistió a muchos de los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de 1973-1985.

Sin embargo el voto no anula la ley, ya que es la Corte Suprema la que deberá decidir sobre la constitucionalidad de la medida.

El debate en la asamblea -que reúne a ambas cámaras del parlamento- se realizó a pedido de la máxima instancia judicial, que también solicitó al poder ejecutivo que se pronuncie sobre el tema.

Creo que la Suprema Corte está equivocada (en trasladar el tema al poder legislativo), porque ella más que nadie tiene que defender sus fueros Ex presidente Luis Alberto Lacalle

Al igual que lo había hecho antes el presidente Tabaré Vázquez, los legisladores de su partido, el Frente Amplio, votaron a favor de la inconstitucionalidad de la ley.

En tanto la oposición se negó a participar del proceso. Tanto el partido Colorado como el Blanco (Partido Nacional) -que aprobaron la Ley de Caducidad en 1985- rehusaron votar, por lo que la medida fue aprobada por los 69 legisladores oficialistas.

El debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad se centra en el caso de Nibya Sabalsagaray, una militante comunista que fue asesinada en 1974 en una unidad militar.

La fiscal que lleva el caso pidió que se declare la nulidad de la ley para continuar con su investigación, pero de aprobarse su petición, también se abrirían las puertas a la presentación de otros casos similares.

Se estima que unos 200 uruguayos desaparecieron durante el período militar, muchos de ellos como parte del llamado Plan Cóndor, que unía a los regímenes militares del Cono Sur.

Competencia

El senador del Partido Colorado y ex presidente Julio María Sanguinetti afirmó que su agrupación se había negado a votar debido a que consideran que el parlamento no tiene injerencia en el tema, y ejerce una "presión política" sobre la Corte Suprema, en un año electoral.

(El voto tuvo) un valor político y simbólico muy importante Senador Rafael Michelini

"Acá no debiéramos estar opinando, no debiéramos estar debatiendo, no debiéramos estar discutiendo, sino diciendo que no somos competentes", señaló.

Igual opinión expresó el senador Francisco Gallinal, de Unidad Nacional, la facción del Partido Blanco liderada por el ex mandatario y actual candidato presidencial Luis Alberto Lacalle.

"Creo que la Suprema Corte está equivocada (en trasladar el tema al poder legislativo), porque ella más que nadie tiene que defender sus fueros", afirmó a BBC Mundo.

"Si el Poder Legislativo considera que una ley es inconstitucional debería derogarla", agregó, y dijo que el Frente Amplio ha tenido mayoría para hacerlo en los últimos años, pero se ha abstenido.

Sin embargo, según el senador del partido oficialista Rafael Michelini, la derogación de la ley tendría efecto en el futuro, pero no permitiría que se investiguen casos del pasado, como podría hacerse en caso de anularse la norma.

"Es consolidar la impunidad", afirmó a BBC Mundo.

El legislador, hijo del senador Zelmar Michelini quien fue asesinado en Argentina en 1976, consideró que el voto del parlamento tuvo "un valor político y simbólico muy importante", a pesar de no ser vinculante.

¿Delitos amparados?

Según el senador Gallinal, la Ley de Caducidad -que fue ratificada en 1989 por el 57,5% de la ciudadanía- sirvió para "cicatrizar heridas o cerrar episodios difíciles de la historia".

La medida fue aprobada por los 69 legisladores oficialistas.

Para el legislador del Partido Blanco, no es necesario anular la medida para poder avanzar en muchas de las causas que se investigan en la actualidad, como los llamados "vuelos de la muerte" o la desaparición de la nuera del escritor Juan Gelman.

"Para mí esos casos están fuera de la Ley de Caducidad", afirmó a este medio.

Sin embargo su par Michelini disiente, señalando que esta ley ha obstaculizado las investigaciones desde el regreso a la democracia.

"Durante 20 años los gobiernos de Blancos y Colorados la aplicaron y no dejaron que se investigara ni siquiera un solo caso", señaló a BBC Mundo.

La Corte Suprema tiene un plazo máximo de 110 días para definirse sobre el tema.