Miembros de pandillas como la Mara 18 pueblan varias de las prisiones salvadoreñas.
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Una protesta de presos en la mayoría de las cárceles de El Salvador mantiene en vilo a las autoridades penitenciarias y policiales por cuarto día consecutivo.
Los reos de 11 de las 19 prisiones del sistema carcelario salvadoreño (incluyendo dos centros de resguardo de menores) enviaron una serie de peticiones a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en la que solicitan mejora de las condiciones de encarcelamiento.
Hasta el momento, las autoridades policiales se han limitado a desplegar un cordón de seguridad preventivo en torno a los centros de detención para evitar cualquier tipo de violencia o intento de fuga.
Durante el amanecer de este martes hubo un operativo en el centro penal de la ciudad de Cojutepeque, 33 kilómetros al este de San Salvador.
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El objetivo no es generar violencia ni roces con el personal, sino que la lucha está encaminada contra la dirección de Centros Penalese
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El director de la cárcel, Samuel Linares, confirmó a la prensa que "sí hubo disparos, pero fueron al aire como medida de prevención" debido a un conato de violencia adentro de la prisión.
En Cojutepeque están recluidos miembros de la pandilla Mara 18 y el año pasado murieron cinco de sus miembros durante una riña.
Demandas
De acuerdo al documento emitido por los reos, se ha puesto en marcha "una huelga de brazos caídos en desobediencia al régimen penitenciario".
Los presos advirtieron que no volverán a las celdas, no acudirán a las capacitaciones laborales, ni a las escuelas de formación, así como cancelarán todas las actividades oficiales dentro de los centros penales.
"El objetivo no es generar violencia ni roces con el personal, sino que la lucha está encaminada contra la dirección de Centros Penales", reza la petición de los reclusos.
El jefe de la unidad de áreas especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), Douglas García, informó que están destacados cerca de mil hombres alrededor de las prisiones.
García confirmó que todas las unidades están en alerta.
"Por ahora contamos con los miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO, antimotines), la Unidad Aérea Policial, así como del Grupo de Reacción Policial (GRP) y hemos suspendido los permisos entre el resto del personal", declaró García.
Por su parte, el director de la DGCP, Gilbert Cáceres, advirtió que detrás de los reos hay elementos externos que están manipulando la protesta.
"Pueden ser estructuras externas como pandillas o (miembros) del crimen organizado y elementos dentro de las instituciones carcelarias a los que no les interesa el proceso de readaptación", afirmó el funcionario penitenciario.
"A mi me extraña la lista de peticiones cuando nosotros ya tenemos en ejecución muchos de los programas de reinserción que demandan", agregó.
Apoyo externo
En tanto, cientos de familiares de los reos, así como miembros de las dos principales pandillas (Mara Salvatrucha y 18) marcharon el lunes por las principales calles de San Salvador hacia la sede de la DGCP y la Asamblea Legislativa respectivamente.
Los familiares llevaron un pliego de peticiones entre las que incluyen el cese de las requisas ejecutadas por miembros de la UMO, la flexibilidad en el horario de las visitas familiares y la mejora de condiciones de encarcelamiento.
Alberto Pérez, pariente de un detenido, explicó a BBC Mundo que ellos como familiares quieren tener permiso para ingresar alimentos porque sostiene que "adentro obligan a que los reos consuman en las tiendas de las cárceles".
"Eso es bastante crítico para nosotros por la situación económica actual, ya que no disponemos de recursos para estar dando dinero" a sus familiares detenidos, aseguró Pérez.
En El Salvador, hay 19 cárceles a nivel nacional con capacidad para 7.990 reos, pero actualmente hay 20.500 reclusos que conviven en condiciones deplorables.
Familiares de los reos también pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) para instalar una mesa de negociación.
Gilbert Cáceres declaró que la Dirección de Penales está "siguiendo con mucha seriedad y responsabilidad el desarrollo (de la protesta), ya que está en juego la integridad de todos los privados de libertad".
El nuevo arzobispo capitalino de la Iglesia Católica, José Luis Escobar, reiteró "que la solución no está en construir más cárceles o en aplicar medidas más severas, sino más bien en favorecer la economía y que las leyes sean más justas".
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