Las críticas del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a un periodista que asistió a la liberación de cuatro rehenes por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) generaron un debate sobre el papel de los comunicadores en los conflictos y enfrentaron al mandatario con organismos internacionales.
Todo gira en torno a si los periodistas deben tomar partido, de si el contacto con personas al margen de la ley -como los guerrilleros- convierte a los reporteros en sus cómplices y de si se debe o no entrevistar a secuestrados cuando están en manos de sus captores.
El periodista es Hollman Morris, quien dirige Contravía, un programa de televisión que se retransmite en la cadena Telesur, y quien presta servicios para Radio Francia Internacional y al-Jazeera.
Morris ha recibido amenazas desde hace varios años y en la actualidad tiene medidas de protección como otro centenar de periodistas en Colombia amenazados por los diferentes actores del conflicto.
Sorpresivamente, el periodista estaba en el sitio montañoso del sur de Colombia donde el pasado primero de febrero una comisión humanitaria recogió a tres policías y un soldado que estaban en manos de las FARC.
La liberación estuvo a punto de frustrarse debido a sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y posteriormente Morris fue interceptado por soldados y policías que lo retuvieron y le exigieron la entrega de su material audiovisual.
A raíz de ese episodio, el gobierno colombiano acusó a Morris de ser "afín" a las FARC.
El presidente Uribe sostuvo que Morris, al igual que su colega Jorge Enrique Botero -quien hizo parte de la misión humanitaria que recogió a los cuatro rehenes e hizo la denuncia de los sobrevuelos de la FAC por Telesur- "se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo".
¿Amigos del terrorismo?
"Una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas, y otra cosa son los periodistas", agregó Uribe.
Pero en su defensa salieron gremios periodísticos y los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Los relatores de la ONU y de la OEA no han tomado conocimiento de prueba alguna que vincule al periodista (Morris) con actividades criminales", dijeron en un comunicado expedido esta semana Frank La Rue y Catalina Botero.
Los dos relatores relataron que "luego de las declaraciones de las autoridades, Morris habría recibido varias llamadas amenazantes.
En anteriores oportunidades, el periodista tuvo que salir del país por la existencia de graves amenazas contra su vida.
Morris es beneficiario de medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) desde 2000".
Botero y La Rue le recordaron al Estado colombiano "que los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país.
Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano".
A Uribe no le gustó la declaración y este miércoles increpó públicamente a los dos relatores.
"Sorprende la rapidez con la cual se expide un comunicado rechazando las declaraciones del gobierno, sin hacer referencia a elementos objetivos que generan serias dudas sobre el proceder profesional del periodista Hollman Morris", señaló un comunicado de la Presidencia de Colombia.
Presunción de inocencia
Consultada por BBC Mundo, Catalina Botero, la relatora de la OEA para la libertad de expresión, respondió que "nunca es demasiado rápido decir que una persona se presume inocente y pedirle a un gobierno que espere la decisión de la justicia".
"Los estados son garantes de los derechos humanos y no deben estigmatizar con sus acusaciones", insistió Botero.
Carlos Cortés, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideró que las acusaciones del gobierno "aumentan los riesgos contra los periodistas, sobre todo de los que son críticos".
En diálogo con BBC Mundo, Cortés señaló que "el gobierno no tuvo ningún problema en disfrazar a militares de periodistas en la Operación Jaque, pero no admite que los periodistas estén en los sitios donde ocurren las liberaciones".
Por su parte, la experta en ética periodística María Teresa Herrán le dijo a BBC Mundo que a ella lo que la sorprende "es la rapidez con que la Presidencia de la República puso en duda, con adjetivos insultantes, las calidades profesionales de Hollman Morris, que ha ganado varios premios internacionales y cuya independencia respetamos profundamente".
El gobierno insiste en rechazar las críticas y dice que "no le está exigiendo a la prensa que tome partido" y agrega que una de sus banderas "es la defensa de la libertad de expresión".
Así se lo aseguró a BBC Mundo César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Presidencia.
"La independencia de la prensa debe ser total y los periodistas sólo deben defender el bien común", señaló Velásquez, quien antes de trabajar para Uribe era presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá.
Velásquez añade que "el sano debate es necesario para la democracia, pero los episodios de las liberaciones demostraron que los periodistas no deben confundir sus roles".
Según el funcionario, el gobierno colombiano no solo defiende a la prensa con discursos, sino con hechos. "Las cifras demuestran que han bajado los crímenes, los exilios y las amenazas contra los periodistas", anota.
La polémica deja en evidencia las dificultades que deben enfrentar diariamente los periodistas en un país que sufre un conflicto armado y donde, además, crece la polarización política.