Esta semana, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decidió realizar una reforma de gabinete que, según explicó el mandatario, busca fortalecer la respuesta del país a la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico.
Al anunciar el reemplazo del ministro del interior, Colom dijo que "el problema de la seguridad es el gran reto del país y obviamente la gran responsabilidad de este gobierno".
Es que en Guatemala hay más muertes violentas, munición y fusiles que durante la guerra que asoló la nación centroamericana por 30 años, desde la década de los 60 hasta la última década del siglo XX, coinciden representantes de organismos internacionales.
El director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mauricio Valdez, afirmó a BBC Mundo que "estos desafíos corroen la democracia y ponen en riesgo la seguridad de las instituciones" en esta nación centroamericana.
Mauricio Valdez, director del PNUD, dice que la violencia es un grave problema.
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En 1996, el gobierno del ex presidente Álvaro Arzú firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que puso fin a 36 años de conflicto.
Pero desde aquella fecha el índice de criminalidad ha ido en aumento en todos los ámbitos de la sociedad sin que ningún gobierno vislumbre una solución hasta el momento.
Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), opina que uno de las principales causas que inciden en el elevado número de homicidios es la permisividad en la tenencia y uso de armas de fuego.
Para Castresana, el Congreso debe agilizar la discusión de un proyecto de ley para regular el comercio de todo tipo de armamento. Pero el borrador duerme el sueño de los justos, en la opinión del funcionario.
"Lo que sucede es que hay muchos intereses comerciales que impiden aprobar la ley que está en el Congreso", afirmó.
De acuerdo al Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), en todo el territorio circulan ilegalmente alrededor de 800 mil artefactos entre pistolas y fusiles automáticos.
La CICIG calcula que de un total de 3,621 asesinatos cometidos hasta inicios de octubre de este año, el 91% fueron perpetrados con armas de fuego.
Alejandro Rodríguez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), indicó que este factor dificulta la investigación judicial que realiza esa institución porque "los delitos se cometen con armas ilegales y no tenemos forma de realizar comparaciones balísticas".
Un informe de las Naciones Unidas (ONU) y la organización Small Arms Survey colocó a Guatemala en la lista de estados con el mayor número de crímenes violentos del mundo, junto a Colombia y El Salvador.
Por ahora la inseguridad es el problema más grave que enfrenta la administración del presidente socialdemócrata Colom, que lleva casi un año en el poder.
Promesa electoral
Durante la campaña electoral, Colom prometió solucionar el crimen a partir del eslogan "La violencia se enfrenta con inteligencia".
Desde su llegada, el índice de homicidios diarios bajó de 17 a 12, pero la oposición criticó que el gobierno no adopta medidas en contra de la circulación de armas ilegales.
Erick Álvarez del Partido Patriota (PP) dijo a BBC Mundo que "acá impera la ley del oeste y todos quieren una pistola para solucionar las cosas".
"Colom no ha hecho nada positivo ni creo que lo haga porque hay muchos crímenes y un peligroso aumento del narcotráfico", afirmó Álvarez.
Sin embargo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, aseguró a BBC Mundo que para el Ejecutivo "este tipo de problemas, en lugar de desmoralizar, lo empujan a seguir trabajando con más fuerza".
Hace unos meses, dos catedráticos de la Universidad San Carlos (USAC), entre ellos el decano de Humanidades, Mario Calderón, fueron asesinados a plena luz del día.
Los casos de "femicidios" casi llegan a 600 este año tras el hallazgo del cadáver de una mujer con señales de tortura, en Izabal, 308 kilómetros al noreste de la capital.
Óscar Mazaya opina que hay gran desencanto entre el electorado.
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"Aunque el gobierno diga que tiene éxitos, no pueden negar que hay un gran desencanto entre quienes votaron por ellos", puntualizó a BBC Mundo Óscar Mazaya, quien es miembro del concejo político del partido Gran Alianza Nacional (GANA).
Mazaya consideró que la ley tiene grandes fallos porque "no limita el número de armas que puede tener una persona y puede adquirir hasta 500 municiones semanales por calibre".
Mauricio Valdez del PNUD, en ese sentido, advirtió que el nivel de violencia se ha desbordado tanto que los guatemaltecos "corren el riesgo de caer en la trampa de pensar que si nadie controla la delincuencia, lo mejor es armarse".
"Eso es receta de una tragedia", lamentó Valdez.