Los hechos tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando.
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El informe que prepara la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los hechos violentos ocurridos en Pando, Bolivia, en septiembre de 2008, establece que en esa región se violaron los derechos humanos.
"Coincidimos con los otros informes que ya se han presentado de parte del Defensor del Pueblo (de Bolivia), de la UNASUR, que lo que se ha dado en Pando es una violación masiva de los derechos humanos y que realmente estos hechos hay que investigarlos con profundidad de parte de la justicia nacional para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones debidas", dijo la representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, en una entrevista con Televisión Boliviana, el canal estatal.
El informe, elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, aún no ha sido concluido ni presentado, pero Yasukawa hizo ese adelanto.
La representante del organismo dijo que el documento se le debe presentar al gobierno boliviano antes de su publicación y que no hay una fecha específica para que esto ocurra.
Previamente, una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) presentó un informe en el que señaló que grupos de la Prefectura opositora perpetraron una masacre a campesinos en Pando.
"Masacre"
UNASUR dijo tener "la convicción intelectual y moral, según la cual el 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido ampliado para este término por la Organización de las Naciones Unidas".
Según ese informe, al menos 20 campesinos murieron producto de la balacera y se recomendó la investigación de dos muertes previas de cívicos autonomistas.
Yasukawa no quiso adelantar más detalles sobre el informe de la ONU, pero dijo que se acudió al lugar de los hechos y que se recogieron testimonios de los involucrados.
La funcionaria emitió sus comentarios en el marco del 60° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se recuerda este miércoles.
El informe de UNASUR fue criticado por los opositores, quienes coinciden en que su versión de los hechos no fue tomada en cuenta.
"Con contundencia"
Sin embargo, antes de que UNASUR presentara su informe, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, también dio a conocer sus propias conclusiones de los hechos.
El ex prefecto Fernández está detenido en La Paz.
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Este miércoles, en declaraciones a BBC Mundo, Albarracín dijo que la coincidencia entre los tres informes "nos ayuda a establecer, con contundencia, determinados hechos".
El Defensor asegura que "cerca del mediodía (del 11 de septiembre) se produce una masacre a partir de la llegada de gente y vehículos de la Prefectura o de gente alentada por la Prefectura".
Dos miembros de las filas opositoras habían sido victimados antes, cuando aún no se había producido la masacre.
La prefectura estaba al mando del opositor Leopoldo Fernández, quien ahora se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Albarracín concluyó que la ex autoridad está en "una indeterminación jurídica" y que eso contribuye a la inseguridad jurídica en el país.
"19 muertos"
Albarracín dijo que su informe señala que se produjeron 19 muertes, entre las que se cuentan dos de las filas del movimiento opositor.
El Defensor del Pueblo advirtió que la investigación debe ser profunda tanto para los campesinos muertos, como para los cívicos.
Albarracín también estableció que el gobierno "ha vulnerado derechos" durante la aplicación del estado de sitio que fue decretado para recuperar el orden en la zona.
Los hechos de Pando se produjeron en el marco de un duro enfrentamiento entre el movimiento autonomista de Bolivia y el gobierno de Evo Morales en torno al proyecto de Constitución Política del Estado, que finalmente se someterá a un referendo en enero.
Los opositores convulsionaron cinco de las nueve regiones del país, tomaron instituciones por la fuerza, bloquearon carreteras e incluso ocuparon los aeropuertos para evitar el aterrizaje de autoridades gubernamentales.
En respuesta a esas acciones, el gobierno puso denuncias ante la Fiscalía, la que inició una serie de detenciones de dirigentes y activistas opositores de base.
Los opositores, tanto prefectos como cívicos, prevén reunirse este jueves en Santa Cruz para articular una respuesta al presidente Morales.
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Lo que se ha dado en Pando es una violación masiva de los derechos humanos
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