Sólo una semana ha transcurrido desde la celebración de las últimas elecciones en Nicaragua, pero todo parece indicar que la violencia ya reencontró su lugar entre los mecanismos empleados para la solución de conflictos en este pequeño país centroamericano.
El domingo, una protesta de la oposición fue suspendida en medio de violentos choques con simpatizantes sandinistas.
Según cifras oficiales preliminares, el gobernante Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN) habría obtenido la victoria en la mayoría de las 146 municipalidades que intentaron elegir autoridades locales el pasado nueve de noviembre, pero la oposición se rehúsa a aceptar los resultados en medio de serias alegaciones de fraude.
Las protestas de unos y las celebraciones de otros se han traducido regularmente en enfrentamientos callejeros que han dejado numerosos heridos en ambos bandos, además de importantes pérdidas económicas y daños a la propiedad.
El domingo, una manifestación organizada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en León - la segunda ciudad en importancia del país - tuvo que ser suspendida en medio de violentos choques con simpatizantes sandinistas en las inmediaciones de la casa de campaña del partido liberal.
En otro incidente, una "caravana solidaria" encabezada por el candidato liberal a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, apenas pudo adentrarse en el vecino departamento antes de ser obligada a regresar a la capital, en medio de pedradas, garrotazos y disparos intercambiados en varios puntos de la carretera donde partidarios del FSLN habían organizado actividades de "celebración".
Recuerdos del pasado
Hasta la fecha los enfrentamientos entre ambos bandos se han sucedido sin mayor intervención de la Policía Nacional y sin que la máxima autoridad del país, el presidente Daniel Ortega, se haya pronunciado al respecto.
El país parece haber vuelto a los niveles de polarización política de los años 90.
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Entretanto, el FSLN convocó a sus bases a manifestarse este lunes en frente de las instalaciones del Consejo Supremo Electoral para presionar por una pronta oficialización de sus victorias preliminares.
Al mismo tiempo, el PLC ya no le asigna ninguna credibilidad a las acciones del Consejo Supremo Electoral y ha apostado por la movilización popular para llamar la atención sobre las numerosas irregularidades que afirman afectaron el proceso electoral.
El martes, el PLC tiene previsto realizar una nueva marcha de protesta por las calles de la capital.
Este tipo de movilización es vista por sus adversarios sandinistas como un ejercicio de desestabilización y provocación que también debe ser combatido en las calles.
Los discursos y acciones de uno y otro bando remiten inevitablemente a los inicios de la década de los noventa, cuando después de unas elecciones que pusieron fin a más de diez años de conflicto armado, Nicaragua apenas empezaba a descartar la violencia como mecanismo para dirimir sus diferencias.
Polarización
El país también parece haber vuelto a los niveles de polarización política de entonces.
Los medios oficialistas, que acusan a los simpatizantes liberales de "terroristas" y " vándalos" cuando éstos se ven involucrados en acciones violentas, presentan luego imágenes de actos similares protagonizados por simpatizantes sandinistas como "ejemplo de lo que un pueblo enardecido puede verse obligado a hacer con tal de defender las conquistas revolucionarias".
Durante la década de los 90 la violencia era una herramienta habitual de resolución de conflictos.
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La misma situación parece afectar a la mayoría de los medios afines a la oposición.
Hasta poco antes de las elecciones, la mayoría de las instituciones del estado estaban controladas a partes iguales por representantes del Frente Sandinista y del Partido Liberal, como consecuencia de un pacto entre los caudillos de ambas agrupaciones políticas, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán (el ex mandatario nicaragüense condenado a veinte años de cárcel por actos de corrupción).
Este arreglo garantizaba un frágil equilibrio que empezó a romperse con el encarcelamiento de Alemán y luego con la victoria del FSLN en las elecciones presidenciales del 2006.
¿Solución externa?
La sospecha con la que el actual gobierno de Nicaragua mira cualquier esfuerzo de mediación internacional, seguramente no contribuirá en la búsqueda de soluciones.
Las expresiones de preocupación vertidas por representantes de varios gobiernos y organismos internacionales fueron denunciadas por el gobierno de Ortega como actos intervencionistas que forman parte de una supuesta campaña de desestabilización.
Una próxima reunión de la Organización de Estados Americanos para discutir la situación nicaragüense, prevista para este jueves, podría en esas circunstancias terminar de echarle más leña al fuego.
¿Y cuánto más fuego puede aguantar la actual situación nicaragüense? Eso todavía está por verse.