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Martes, 4 de noviembre de 2008 - 23:09 GMT
Cae comandante del ejército colombiano
Hernando Salazar
Hernando Salazar
BBC Mundo, Colombia

General Mario Montoya
Montoya pidió que no se condene sin escuchar la versión de los acusados.

Un escándalo por ejecuciones extrajudiciales le costó la carrera al comandante del ejército de Colombia, general Mario Montoya, quien renunció a su cargo y pidió su paso a retiro.

La renuncia de Montoya, sin embargo, no causó mucha sorpresa, después de que la semana anterior el gobierno retiró del servicio a 20 oficiales y 7 suboficiales por su acción u omisión en la desaparición y muerte de once personas.

El hasta entonces comandante del Ejército no tomó parte de esta decisión.

El caso dejó al descubierto la existencia de toda una organización que desaparecía personas, luego las ejecutaba -haciéndolas pasar como guerrilleros o paramilitares- para, entre otras cosas, mostrar avances en la lucha contra los grupos armados ilegales.

"Sobre los recientes hechos, en los cuales miembros de la institución se han visto comprometidos y que apenas están en etapa de investigación, pido a los colombianos no condenarlos sin antes haberles concedido el derecho a defenderse", dijo Montoya en su carta de dimisión.

¿Más renuncias?

Para muchos observadores consultados por BBC Mundo, como el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, "la situación de Montoya era insostenible, pero al menos él tuvo la dignidad de renunciar, algo que pasa poco en este gobierno".

El gobierno dice que no pide litros de sangre, pero en la práctica sí los pide. Y así se ha venido midiendo el éxito de la guerra en Colombia desde hace décadas
Andrés Villamizarm, experto en temas de defensa y seguridad
Otro experto en temas de defensa y seguridad, Andrés Villamizar, cree que "si Montoya no hubiera renunciado, lo habrían tenido que llamar a calificar servicios" (pasar a retiro).

A raíz del escándalo, la oposición ha pedido la renuncia del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pero por ahora no es muy probable que eso ocurra.

El profesor Armando Borrero, ex consejero de Seguridad Nacional, dijo a BBC Mundo que el gobierno tiene la obligación de aclararle a la opinión pública quiénes, de los militares retirados del servicio, han salido por su responsabilidad política y quiénes por su participación en las ejecuciones extrajudiciales.

Entre tanto, Pardo añadió que ya no se puede hablar de "hechos aislados, si el Fiscal General admite que está investigando 1.000 casos de ejecuciones extrajudiciales".

Guerrilleros muertos

En diálogo con BBC Mundo, Villamizar señaló que el problema de las ejecuciones se agravó en Colombia a la par con el incremento de la ofensiva militar de los últimos años.

Álvaro Uribe
El presidente Uribe defendió la política de recompensas de su gobierno.
Pero el experto en temas de seguridad y defensa también destacó que hay un ingrediente adicional "donde le cabe responsabilidad al gobierno: la obsesión del presidente (Álvaro) Uribe por resultados cuantitativos".

"El gobierno dice que no pide litros de sangre, pero en la práctica sí los pide. Y así se ha venido midiendo el éxito de la guerra en Colombia desde hace décadas", opinó el analista.

Villamizar, quien fue asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), cree que una prueba de eso es que una de las condecoraciones más apreciadas y respetadas en el ejército de Colombia es la Medalla de Orden Público.

"Cualquier militar que se considere 'buen guerrero' tiene que haber recibido esa medalla varias veces. En la época en que yo estaba en el Ministerio la asignaban por dar de baja a cinco o más guerrilleros. Dudo seriamente que eso haya cambiado", añadió.

Uribe se defiende

Entre tanto, Armando Borrero estimó que aún está pendiente un debate sobre las ejecuciones extrajudiciales, "donde se investigue a fondo".

Para Borrero, la responsabilidad política también hay que buscarla en órganos como el Congreso de la República que, según él, se limita a aprobar prepuestos y ascensos militares, pero no a ejercer un control civil sobre las Fuerzas Militares.

Después el estallido del escándalo, el presidente Uribe dijo que su gobierno prefiere un guerrillero desmovilizado que muerto.

Ante las acusaciones nunca confirmadas de que los "falsos positivos" -los desaparecidos que eran presentados como guerrilleros o paramilitares- eran utilizados por los efectivos militares involucrados para cobrar las recompensas pagadas por el gobierno, Uribe recordó quiénes eran los destinatarios de este dinero.

"La política de recompensas ha sido para estimular a los civiles a que con su información ayuden a la Fuerza Pública, para que la Fuerza Pública pueda desmontar la criminalidad. La política de recompensas no incluye recompensas a integrantes de la Fuerza Pública", señaló Uribe.



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