La nueva Constitución de Ecuador vela por la protección de los recursos naturales.
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Con la aprobación de su nueva Constitución, Ecuador se ha situado a la vanguardia mundial de la protección medioambiental.
La Carta Magna ecuatoriana otorga derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola en sujeto de derecho equiparable a las personas.
Además, el texto constitucional, inspirado en la filosofía del 'buen vivir', recoge toda una serie de medidas de protección de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural.
Si bien la nueva Constitución ha sido recibida con optimismo por los grupos ambientalistas, algunos críticos aseguran que el modelo de desarrollo económico ecuatoriano, dependiente en gran medida de la extracción de recursos naturales, colisiona con la protección que se le otorga a la naturaleza.
BBC Mundo conversó con Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, y uno de los impulsores de los denominados derechos de la naturaleza.
¿Cómo se gestó la idea de otorgarle en la nueva Constitución derechos a la naturaleza?
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Hay una sociedad que es consciente de que hay que respetar la naturaleza y que hay que reconocer que la verdadera riqueza de Ecuador es su biodiversidad y no simplemente los recursos naturales del subsuelo
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No hay un solo impulsor. Hay una sociedad que es consciente de que hay que respetar la naturaleza y que hay que reconocer que la verdadera riqueza de Ecuador es su biodiversidad y no simplemente los recursos naturales del subsuelo, cuya explotación más de una vez ha causado severos daños ambientales y sociales.
Es una idea que ha ido surgiendo de la lucha social, de la lucha de los movimientos ecologistas y de la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas.
El eje de propuesta surgió de la propia Asamblea Constituyente. Surgió del debate interno en Ecuador.
Un hecho interesante fue ver cómo al principio algunos de los asambleístas, sobre todo lo más jóvenes, estaban en contra de aceptar esas tesis, y paulatinamente fueron los de más edad los que asumieron el reto de ver que en un proceso constituyente lo fundamental es la creación y la audacia.
¿Cómo fue recibida la idea en Ecuador?
Inicialmente se tomó la medida con mucho escepticismo. ¿Cómo es posible que la naturaleza pueda tener derechos?, se preguntaban algunos. ¿Quién va reclamar esos derechos?, decían otros.
La aprobación final del texto de la nueva Constitución ecuatoriana tuvo lugar en julio.
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En realidad lo que se quería es hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social fue en el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI.
Queríamos no sólo buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza, sino a partir de esa visión abrir la puerta a un nuevo régimen de desarrollo.
Desde ciertos sectores se asegura que, si bien la idea de otorgar derechos a la naturaleza es bienintencionada, va a ser muy difícil de llevar a la práctica.
Los procesos innovadores parecen en la práctica difíciles pero al haber voluntad política y claridad en lo que se quiere lograr, el asunto va a ir fluyendo.
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En el mundo no estamos solos, sino que poco a poco se va gestando una conciencia de que sin naturaleza respetada no hay vida del ser humano asegurada
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Ahora tenemos que construir la jurisprudencia adecuada para que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos y no quede sólo en un discurso lírico.
Si bien somos el primer país que establece en el mundo que la naturaleza tiene derechos, en Alemania se introdujo una reforma constitucional a través de la cual se dio derechos a los animales.
En el mundo no estamos solos, sino que poco a poco se va gestando una conciencia de que sin naturaleza respetada no hay vida del ser humano asegurada.
La inclusión en la Constitución de la protección del medio natural no ha estado exenta de polémica. Algunos grupos lamentan que no se haya recogido la necesidad de obtener el consentimiento expreso de las comunidades afectadas antes de iniciar un proceso de explotación de recursos naturales.
El tema del consentimiento expreso de las comunidades efectivamente fue uno de los más debatidos y complejos, no sólo en la Asamblea, sino también en Acuerdo País, el movimiento del gobierno.
Acosta cree que Ecuador debe buscar un nuevo modelo de desarrollo.
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No se pudo conseguir su aprobación, aunque hay la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta previa.
Ello tiene una gran ventaja respecto a lo que había en la Constitución anterior, ya que no será la empresa privada interesada en la explotación de los recursos naturales la que realizará esa consulta, sino que tendrá que ser el Estado quien la realice entre las comunidades que podrían verse afectadas por la extracción de recursos naturales no renovables.
Y el consentimiento, en caso de que no sea aceptado, será procesado por una instancia superior.
Lamentablemente no quedó claramente establecido lo del consentimiento previo.
Pero indirectamente las comunidades y pueblos indígenas podrán otorgar ese consentimiento en la medida en que la Constitución ha incorporado como un texto adicional todos los instrumentos internacionales, como la Carta de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, en la que se establece la necesidad de consulta y consentimiento previo.
Algunos se lamentan de que, mientras por un lado se protege el medio natural, por otro la Constitución da potestad al presidente para aprobar la extracción de recursos en áreas protegidas en casos de necesidad.
Este asunto tiene que ver con la disputa del sentido histórico del régimen de desarrollo del país.
Acosta cree que la nueva Carta Magna es un triunfo de los pueblos y nacionalidades indígenas.
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La Constitución nos da algunas pautas pero todavía en Ecuador, como sucede en Bolivia, Venezuela y Brasil, y de algún modo en Chile y Argentina, no se ha tomado una dirección que no busque prioritariamente la explotación de recursos primarios, sean agrarios o minerales.
En Ecuador no hemos dado los pasos correctos para salir de una economía petrolera, aunque se están haciendo esfuerzos en ese sentido.
En la Constitución anterior se daba la potestad a los funcionarios del gobierno para que impulsaran la explotación de los recursos naturales, incluso en las zonas protegidas.
La nueva constitución exige que sea el presidente de la República en casos excepcionales el que presente una solicitud a la Asamblea Nacional para que ésta mayoritariamente apruebe o no el pedido del presidente.
Además, en caso de que la Asamblea lo considere necesario, se podrá organizar una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si se va o no a afectar una reserva natural.
¿Cómo cree que se puede superar la contradicción entre la protección que asegura al medio natural la Constitución y el actual modelo de desarrollo económico ecuatoriano?
La única solución definitiva es la búsqueda seria y responsable de un nuevo régimen de desarrollo.
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Este 'país producto' no encontrará una salida hasta que se convierta en un 'país inteligencia'
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Seguir haciendo más de lo mismo va a generar tensiones, no sólo con la naturaleza sino también con las comunidades. Y no nos lo permitirá el dilema que tiene un país como Ecuador, que llamaría la paradoja de la abundancia: somos un país pobre porque somos ricos en recursos naturales.
Hacemos un esfuerzo permanente para confiar en la renta de la naturaleza. Hemos exportado cacao, banano, flores, frutas, petróleo y ahora queremos exportar recursos minerales, pero no hemos dado paso a un país que se sustente en el ser humano como elemento fundamental.
Por eso creo que este 'país producto' no encontrará una salida hasta que se convierta en un 'país inteligencia' y para eso tenemos un enorme potencial.
~RS~q~RS~~RS~z~RS~53~RS~)
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