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Sábado, 23 de agosto de 2008 - 00:54 GMT
Derogados polémicos decretos
Alan García
El presidente García aseguró que la derogación de los decretos sería "un gravísimo error histórico".
El Congreso de Perú votó a favor de derogar dos decretos sobre propiedad de tierras patrocinados por el presidente Alan García que facilitan la compra de tierras indígenas por grandes empresas mineras y petroleras.

Los decretos los decretos 1015 y 1073 habían generado protestas de grupos autóctonos peruanos que temían que los decretos pudiesen poner en riesgo la selva amazónica peruana.

El presidente García había afirmado que derogar estos decretos serían una gran error, ya que según afirma, pone en peligro la inversión privada en zonas rurales.

"Estoy obligado a decir al Perú que sería un gravísimo error histórico que retrasaría el cambio y mantendría a esas comunidades agrícolas en la pobreza y el marginamiento un siglo más", dijo el mandatario.

El gobierno está interesado en incrementar las reservas de gas y petróleo para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en el nuevo proveedor suramericano.

"Verdadera inclusión"

La votación para derogar los decretos fue 66 votos a favor y 29 en contra.

La normativa modificaba la manera en que votarían las asambleas indígenas al permitir que con una mayoría de la mitad más uno se pudiese decidir la venta o arrendamiento de tierras.

Una vez se derogaron, representantes indígenas aseguraron que era lo correcto.

"Esto es un acto de cumplimiento y marca la historia de una verdadera democracia y de una verdadera inclusión", dijo a la prensa el líder indígena Alberto Pizango.

Los manifestantes amazónicos creen que las leyes facilitan la venta de su tierra a las grandes empresas de energía, al cambiar el consentimiento de la comunidad de dos terceras partes a una mayoría simple.

Ellos desconfían, dado que en el pasado las empresas que extraen el petróleo o el gas provocaron una fuerte contaminación, con un grave impacto para el medio ambiente y la salud de los nativos.

Sin embargo, el presidente García piensa que atraer inversiones e industrialización a las más remotas áreas de Perú es la única manera atacar la pobreza generalizada.

Ahora el presidente tiene un lapso de quince días para ratificar la decisión del Parlamento o rechazarla.

En todo caso el Congreso puede rechazar una decisión negativa del presidente García.



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