La ola de violencia que vive México llevó a las autoridades a convocar un Pacto contra la Inseguridad, en el que participarán los gobiernos federal y estatales, legisladores, partidos políticos y miembros de la sociedad civil.
En sólo seis meses ya casi se ha superado en México la cifra de secuestros de todo el año anterior.
Específicamente sus responsables serán el presidente Felipe Calderón, los gobernadores de los 31 estados del país y el alcalde de la capital.
Tras la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada el miércoles, los funcionarios estatales anunciaron que apoyarán la iniciativa a pesar de la diferencias puntuales que aún subsisten con respecto a la propuesta general.
Juan Camilo Mouriño, ministro de Gobernación de México, aseguró que este pacto "permitirá crear un frente común en contra de los delincuentes y contar con la capacidad de poder coordinarnos".
De acuerdo con especialistas consultados por BBC Mundo, es imperativo que en este acuerdo nacional se dejen atrás los discursos políticos y se firmen compromisos y acciones concretas, con tiempos determinados y, sobre todo, con una evaluación independiente.
"La estrategia no está funcionando"
"La estrategia del gobierno no está funcionando. El primer problema de seguridad nacional no es la delincuencia organizada, sino la (delincuencia) que esta dentro (de las instituciones policiales)", opinó Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
En la reunión de este jueves, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el gobierno mexicano presentará una propuesta de combate al crimen organizado, para atacar delitos de alto impacto como el secuestro.
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, aseguró que el presidente Calderón acudirá con "ánimo constructivo de colaboración, con el fin de alcanzar compromisos concretos y verificables por la sociedad civil organizada.
"Para cada uno de los compromisos, la intención es ponerle un plazo concreto para que pueda ser evaluado y revisado por la sociedad misma", agregó Mouriño.
"País secuestrado"
"México está secuestrado por la delincuencia", aseguró Luis de la Barreda Solórzano, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
Para el especialista, el pacto puede funcionar "si se logran acuerdos, con plazos establecidos y acciones concretas".
Ernesto López Portillo, del Insyde, consideró que hay cuatro objetivos fundamentales que deben cumplirse en la reunión del jueves.
"Es urgente un sistema de evaluación de las estrategias contra la delincuencia que sea independiente al gobierno, crear una división de asuntos internos que revise el desempeño de la policía, profesionalizarla y mejorar la calidad de la estadística sobre inseguridad".
Por su parte, Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados y militante del izquierdista PRD, opinó que lo ocurrido con la inseguridad representa "una llamada de atención en rojo" que los políticos deben atender.
El gobierno ha recurrido al Ejército y a las Fuerzas Federales para detener la violencia en algunas zonas del país.
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"No hay que politizar el tema de seguridad pública, sino establecer metas para lograr mejores resultados, ya que los políticos no nos podemos dar el lujo de fallar", dijo.
El miércoles por la noche, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), anunciaron que firmarán el acuerdo para el combate integral al crimen organizado y sobre seguridad que se discutirá en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a pesar de que existen diferencias en la propuesta general.
El proyecto empujado por el gobierno nacional busca que cada uno de los gobernadores estatales se responsabilice por garantizar la legalidad y enfrentar la inseguridad en su distrito.
Reclamo popular
La iniciativa surge a pocas semanas del secuestro y muerte del hijo de uno de los empresarios más poderosos del país -un hecho en el que hubo policías involucrados- que renovó las críticas a las autoridades por su incapacidad para poner fin a la inseguridad que padecen los mexicanos.
En la primera mitad de 2008 se registraron unos 400 secuestros, una cifra que casi iguala al total de todo el 2007.
Los gobernadores introdujeron algunas modificaciones a la propuesta gubernamental, entre ellas la creación de un presupuesto único para luchar contra el crimen organizado.
Según Marcelo Ebrard, alcalde de la Ciudad de México, este dinero se utilizará para combatir el tráfico de armas y construir cárceles de máxima seguridad.
También contempla otras iniciativas, como la introducida por el gobernador del norteño estado de Coahuila, Eugenio Hernández, para crear la figura de "jueces sin rostro", es decir, magistrados cuya identidad se mantenga secreta para que no sean víctimas de represalias de los delincuentes.
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La estrategia del gobierno no está funcionando. El primer problema de seguridad nacional no es la delincuencia organizada, sino la (delincuencia) que esta dentro (de las instituciones policiales)
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