Las reunión entre Morales y los prefectos opositores terminó sin acuerdos.
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Cinco de las nueve regiones de Bolivia, donde reside la oposición a Evo Morales, anunciaron para este martes la realización de un "paro cívico" en contra del gobierno.
La medida de presión ha elevado la tensión en el país. El gobierno envió refuerzos policiales a los departamentos en conflicto y dispuso la vigilancia militar en las instituciones estatales para evitar que grupos cívicos las tomen.
Los dirigentes cívicos, empresariales y los prefectos de esas regiones exigen al gobierno la devolución de los ingresos petroleros que fueron recortados para el pago de una renta a los ancianos mayores de 60 años.
Los líderes de cuatro regiones autonomistas -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando-, además de Chuquisaca, dijeron que harán cumplir la medida de presión con grupos de control y el bloqueo de calles y caminos.
Acusaciones y aclaraciones
El gobierno acusó a los cívicos y a sus grupos de choque de estar preparando actos violentos para este martes e, incluso, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, comparó la medida con el inicio de los aprestos golpistas del 19 de agosto de 1971.
"Debo manifestar nuestra profunda preocupación por la extraña casualidad de decretar un paro cívico que contiene cinismo, violencia, provocación, la misma fecha en que en Bolivia hace 37 años exactamente se inició el golpe militar más cruento. Nos referimos al 19 de agosto de 1971, cuando el coronel (Hugo) Banzer, con organizaciones e instituciones cruceñas llevó adelante un golpe militar violento", dijo Quintana.
Un enfrentamiento entre la Policía y manifestantes discapacitados caldeó aún más los ánimos en Santa Cruz.
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El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, rechazó las acusaciones del Gobierno y dijo que "el paro va a ser pacífico, el paro va a ser tranquilo, no será una toma de instituciones".
Santa Cruz vivió días tensos desde el viernes de la semana pasada, cuando la Policía desalojó una protesta de los discapacitados, quienes reclaman el pago de un bono anual.
Tras esos hechos, la Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité Cívico, intentó tomar por la fuerza el Comando de la Policía cruceña.
Un empate complicado
A raíz de los sucesos, que dejaron más de 20 heridos, el prefecto del departamento, Rubén Costas, pidió el control de la Policía cruceña, algo que el Gobierno no está dispuesto a ceder.
Ante esa situación, el Gobierno dispuso el envío de refuerzos de seguridad a las regiones opositoras para contrarrestar posibles actos de violencia en el paro.
El presidente Morales y los prefectos intentaron un diálogo tras conocer los resultados del referendo revocatorio realizado el 10 de agosto, sin embargo, la negociación fracasó porque las regiones exigen la devolución de los impuestos petroleros y el Gobierno se niega a ceder.
En referendo revocatorio, Morales ganó en seis de las nueve regiones de Bolivia y la oposición logró la ratificación de cuatro de sus seis prefectos, por lo que todos se declararon ganadores y nadie está dispuesto a ceder para resolver la crisis política del país.
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(Nos preocupa) la extraña casualidad de decretar un paro cívico que contiene cinismo, violencia, provocación, la misma fecha en que en Bolivia hace 37 años exactamente se inició el golpe militar más cruento.
