Las negociaciones empezaron en abril cuando Chávez habló de comprar las compañías.
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No hubo acuerdo para la venta de las cementeras y el estado venezolano procederá a su expropiación, según el anuncio que hizo el presidente venezolano, Hugo Chávez.
"Mañana (lunes) a la medianoche vence el plazo para la nacionalización (...) Vamos a proceder y nacionalizar las industrias del cemento", informó Chávez la tarde del domingo.
Chávez hizo el anuncio durante su programa dominical Aló Presidente, aunque sin dar detalles sobre el estado o resultado de las negociaciones que empezaron en abril pasado cuando el mandatario venezolano habló de su intención de comprar las compañías.
Las empresas afectadas por la medida son la mexicana Cemex, que produce la mitad del cemento venezolano, y la francesa Lafarge y la suiza Holcim, que se dividen en partes iguales el resto del mercado.
La medianoche del lunes 18 de agosto vence el plazo establecido por el decreto emitido en junio que regula la nacionalización, y que daba a las cementeras 60 días para negociar una "posible participación accionarial".
Sin acuerdos
El decreto también establecía la posible prórroga de las negociaciones por "mutuo consenso" y establecía el 31 de diciembre como plazo para la entrega de las instalaciones.
Cuando anunció la decisión en abril, Chávez aseguró que se pagaría "hasta el último centavo" por las empresas. Incluso se había hablado de un esquema de hasta un 40% de participación para las compañías.
BBC Mundo no pudo contactar a voceros de las empresas que serán nacionalizadas para saber si había sido imposible llegar a un acuerdo o declinaban ser parte de las nuevas cementeras.
Sin embargo, de las palabras del presidente Chávez se interpreta que las compañías serán expropiadas y por tanto recibirán la compensación que determinen las valorizaciones del estado venezolano.
En medio de las negociaciones, Cemex-Venezuela vendió en junio unos US$355 millones en acciones que poseía en otras subsidiarias del Caribe, lo que el gobierno venezolano consideró una medida "inconsulta".
Política habitacional
El presidente Chávez insistió el domingo en que la nacionalización de las empresas cementeras busca insertarlas dentro de lo que define como la "economía socialista" y darle impulso al plan de viviendas gubernamental.
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Mañana (lunes) a la medianoche vence el plazo para la nacionalización (...) Vamos a proceder y nacionalizar las industrias del cemento
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El gobierno venezolano acusa a las compañías de exportar su producto y dejar desabastecido el mercado local, en el que el precio del saco de cemento es parte de la lista de productos de primera necesidad controlados por el gobierno.
Las cementeras afirman que más del 60% de sus ventas se realizaban dentro de Venezuela y aseguran que el crecimiento de la demanda es la causa de los problemas de oferta del producto.
Mientras tanto, el déficit de viviendas en Venezuela ha crecido en los casi 10 años de la llamada Revolución Bolivariana y, según estimados oficiales, alcanza 1,8 millones de unidades.
Es un tema políticamente sensible. Casi a diario se producen manifestaciones y bloqueos de calles, carreteras o sentadas frente a oficinas públicas por parte de personas que exigen adjudicación de casas. Algo que la oposición presenta como demostración de la ineficiencia de la que acusan al gobierno.
Nacionalizar cuesta
En los últimos dos años el presidente Chávez ha acometido una agresiva política de nacionalizaciones que incluye la principal telefónica del país, el sector de generación eléctrica y la industria siderúrgica.
Además, recientemente se anunció la compra del Banco de Venezuela, actualmente propiedad del grupo español Santander.
El esfuerzo nacionalizador podría costar al estado venezolano hasta US$12.000 millones, según un estudio publicado por Ecoanalítica, una empresa venezolana que ofrece asesoría económica.
El estudio determina que el monto no es pesado para el estado venezolano, cuyos ingresos petroleros le permiten afrontar esos pagos sin problemas.
Sin embargo advierten que la eventual ampliación de la política estatizadora a otros sectores de la economía nacional exigiría el mantenimiento de los altos precios del petróleo.
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