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Miércoles, 23 de julio de 2008 - 05:34 GMT
Frenan referendo en Bolivia

Mery Vaca
Mery Vaca
Bolivia

Álvaro García Linera (izq.) y Evo Morales
El gobierno rechazó la decisión de Salame puesto que los otros cuatro cargos del TC están acéfalos.

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó suspender el referendo revocatorio del presidente, del vicepresidente y de ocho prefectos del país -convocado para el 10 de agosto- mientras se decide sobre su constitucionalidad.

La magistrada Silvia Salame -única integrante que en la actualidad tiene el Tribunal luego de que los otros cuatro renunciaran- decidió aceptar una demanda de inconstitucionalidad contra el referendo presentada por un diputado opositor.

Según la magistrada, al aceptarse la demanda, el referendo queda en suspenso automáticamente mientras que el tribunal decide si es constitucional o no.

Esta decisión desató un sismo político en Bolivia. El gobierno anunció un juicio de responsabilidades a la magistrada mientras que algunos opositores celebraron la decisión.

La Corte Nacional Electoral, el órgano encargado de organizar la consulta, aún no se ha pronunciado.

El gobierno del presidente Evo Morales, considera que la magistrada Salame no puede tomar decisiones individuales ya que que los otros cuatro cargos titulares del Tribunal están vacantes y por lo tanto no existe quórum.

Rechazo del gobierno

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, rechazó la decisión diciendo que "no se puede manosear a una institución como el Tribunal Constitucional".

Prefectos del Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Tarija, Mario Cossio,  AFP
Según la ley de convocatoria, será el propio Morales quien designe a los nuevos prefectos en caso de que estos sean revocados de sus mandatos.

Además, el funcionario anunció que el gobierno presentará una "querella criminal por prevaricación" en contra de la magistrada, porque considera que no puede firmar un decreto de semejante importancia en forma individual.

Por su parte, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce aseguró: "Queremos ser categóricos y contundentes. El referendo revocatorio está amparado por una ley de la República totalmente constitucional y legal y no existe procedimiento para pararlo".

Poco antes, la magistrada Salame había dispuesto que "la Corte Nacional Electoral debe inhibirse de continuar con los actos organizativos del Referendo Revocatorio hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si la demanda de inconstitucionalidad es procedente o no".

Referendo "inconstitucional"

El diputado opositor Arturo Murillo presentó una demanda en contra del revocatorio porque considera que es inconstitucional. La Constitución boliviana no reconoce el mecanismo del referendo revocatorio de mandato; sin embargo, una ley aprobada por oficiales y opositores permitió seguir adelante con el proceso.

El referendo revocatorio está amparado por una ley de la República totalmente constitucional y legal y no existe procedimiento para pararlo
Héctor Arce, ministro de Defensa Legal

Esta demanda fue rechazada por la Corte Nacional Electoral pero, por procedimiento, fue remitida al Tribunal Constitucional.

La magistrada Salame explicó que la sola llegada del recurso al Tribunal paraliza el revocatorio hasta que esa instancia se pronuncie sobre la legalidad o no de la consulta.

Ese pronunciamiento final no será posible, al menos por ahora, porque el Tribunal no tiene el quórum necesario para tomar decisiones.

Murillo, el diputado demandante, elogió a la magistrada porque "no le ha temblado el pulso, es una persona que está sacando de la incertidumbre al pueblo de Bolivia".

Ratificar los mandatos

El prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, quien fue la punta de lanza en la campaña opositora en contra del revocatorio, también celebró la decisión de la magistrada Salame.

Según la Ley de Convocatoria al Referendo Revocatorio, Bolivia debe llevar a cabo un referendo revocatorio del mandato del presidente; Evo Morales, del vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos del país.

Fue planteada por el gobierno para zanjar la crisis política que afecta a Bolivia.

La única que queda al margen de la consulta es la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, elegida a finales de junio.

Los prefectos opositores rechazaron la realización del revocatorio; sin embargo, decidieron someterse a la consulta porque eso manda la ley.



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