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Sábado, 12 de julio de 2008 - 11:22 GMT
Venezuela: los "inhabilitados" marchan
Carlos Chirinos.
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Caracas

Leopoldo López, alcaldel del municipio Chacao de Caracas (Foto: Alcaldía de Caracas)
Si el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral no permite que nos inscribamos estarán violando la constitución
Leopoldo López, actual alcalde del municipio caraqueño de Chacao

Para este sábado la oposición venezolano ha convocado una marcha para apoyar a los "inhabilitados", el grupo de dirigentes políticos que no podrán presentarse a las elecciones regionales de noviembre por una sanción de la Contraloría.

Unos 400 nombres están en la lista de los impedidos por haber incurrido en irregularidades administrativas, de acuerdo con la Contraloría General.

La mayoría son personas vinculadas a la oposición, por lo que los detractores del gobierno denuncian que le medida es una estrategia para sacarlos del juego electoral.

Algunos de los inhabilitados tendrían muchas posibilidades de triunfar si se postularan en sus alcaldías o gobernaciones, entre ellas la Alcaldía de Caracas, que podría ser ganada por el opositor Leopoldo López.

El oxígeno que significó para la oposición la derrota en diciembre de la propuesta de reforma electoral que proponía el presidente Hugo Chávez, se demostraría en las encuestas que indican que podría ganar hasta 10 de las 23 gobernaciones en disputa, algunas de estados clave y de gran importancia electoral.

Los opositores denuncian que con la medida de la contraloría el gobierno quiere proteger la continuidad de su gestión en esas regiones.

Ni político, ni electoral

"Ellos saben que no responden a motivos políticos ni electorales", dijo recientemente el contralor, Clodosbaldo Russián ante la prensa extranjera al defender la pureza administrativa de su decisión, basada en el artículo 105 de la Ley de Contraloría.

"No estamos inhabilitando para que alguien sea o no candidato sino para que no desempeñen cargos públicos, no son sanciones civiles o penales sino administrativas, todos los demás derechos los tienen como por ejemplo que pueden elegir, pueden votar, pueden dirigir partidos", señaló Russián.

El contralor asegura que el trabajo de su oficina no puede deternerse en años electorales "como nosotros imponemos sanciones administrativas lo seguiremos haciendo a pesar de que se aduzca que eso es con fines políticos electorales".

Russián explicó que los inhabilitados incurrieron en daños al patrimonio nacional y que en todo caso, no lograron demostrar su inocencia, aunque los afectados aseguran que no han podido ejercer su defensa. Además aseguran que las penas son desproporcionadas.

Pero el argumento central de los inhabilitados es que la Ley de Contraloría choca con la Constitución, que establece que los ciudadanos sólo podrán perder sus derechos políticos mediante sentencia de un tribunal, lo que no ha sucedido en estos casos.

Además afirman que se está ignorando una previsión similar contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, texto que tiene rango constitucional en Venezuela.

Debate constitucional

El más notable de los inhabilitados, Leopoldo López, actual alcalde del municipio caraqueño de Chacao y quien aspira convertirse en Alcalde Mayor de Caracas, explicó a BBC Mundo que se está forzando la legalidad.

No estamos inhabilitando para que alguien sea o no candidato sino para que no desempeñen cargos públicos, no son sanciones civiles o penales sino administrativas, todos los demás derechos los tienen como por ejemplo que pueden elegir, pueden votar, pueden dirigir partidos
Clodosbaldo Russián, contralor general

"Si el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral no permite que nos inscribamos estarán violando la constitución", dijo López a BBC Mundo quien dijo esperar por una decisión favorable por parte del Tribunal Supremo.

"Nosotros estamos en la jugada de los principios, de los valores, de la defensa de la Constitución (...) estamos pidiendo que se respete la constitucionalidad y la justicia" afirmó López.

Sin embargo, el contralor Russián aseguró el viernes al presentar su lista ante el Consejo Nacional Electoral que "por desarrallo de la Constitución es que se ha podido establecer estas sanciones".

Russián diferenció la sanción penal de los tribunales de la administrativa que impone sus despacho, con la que sus derechos políticos se mantienen, salvo la posibilidad de postularse o ejercer cargos públicos.

Sin Plan B

López aseguró a BBC Mundo que no hay un plan alterno, porque significaría perder fuerza en sus reclamos ante la contraloría.

Pero la medida de la Controlaría complica el panorama electoral a la oposición, no sólo porque afecta a potenciales candidatos con opción de triunfo sino porque pospone la prometida selección de candidatos unitarios en algunos distritos electorales.

Algunos partidos de oposición consideran que la defensa de los inhabilitados les resta tiempo para confrontar a los candidatos del gobierno quienes ya están en campaña electoral -pese a que legalmente la campaña no ha empezado- y por tanto deberían concentrase en la selección de las plataformas unitarias que enfrentará al oficialismo.

Los inhabilitados esperan una respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia ante el cual han demandado la inconstitucionalidad de la Ley de Contraloría y la nulidad de las decisiones basadas en ella.

Esa respuesta debería estar lista antes del 5 de agosto, cuando las autoridades electorales cerrarán la inscripción de candidaturas para las elecciones regionales. Mientras tanto, han empezado una estrategía de presión con acciones como la marcha convocada para este sábado.



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