Bush firma la "Iniciativa Mérida"

Lourdes Heredia BBC, Washington

Bush y Calderón acordaron la implementación de la Iniciativa Mérida en marzo de 2007.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó este lunes el paquete de ayuda a México, Centroamérica y República Dominicana, conocido como la "Iniciativa Mérida", dándole al proyecto aprobación final luego de un accidentado proceso de puesta en marcha.

Según el mandatario, los US$465 millones de la "Iniciativa Mérida" permitirán combatir a las bandas del crimen organizado y el narcotráfico en esos países.

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Otto Reich, ex secretario de Estado adjunto para América Latina, señaló a la BBC que esta iniciativa "demuestra el compromiso de EE.UU. con una democracia que está luchando contra el grave problema del narcotráfico".

"Esto demuestra que somos aliados en esta lucha", enfatizó.

Para el 2008 se darán a México US$400 millones y los otros US$65 millones se distribuirán entre Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Haití.

El ex funcionario explicó que la versión promulgada por el presidente excluye las condiciones que habían causado un gran rechazo por parte del gobierno de Felipe Calderón.

El dinero fue aprobado dentro de un paquete de ley de gastos suplementarios que también incluyen presupuestos para Irak y Afganistán.

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Rechazo

"Algunos congresistas casi logran hundir la iniciativa con elementos que no iban a ser aceptados por México", explicó Reich.

La violencia derivada del narcotráfico ya ha causado más de 1.400 muertos este año en México.

Efectivamente, en una de las versiones que fueron aprobadas de la "Iniciativa Mérida", propuesta por el presidente George W. Bush en octubre, el Senado fijó una serie de requisitos en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, la necesidad de que se juzguen a los militares acusados de violaciones antes de recibir los fondos, o que se garantizara que las fuerzas de seguridad no usarán la tortura.

Este lenguaje se cambió en la ley que ha sido aprobada y promulgada ahora por Bush, aunque se dejaron algunas condiciones, como la necesidad de un informe por parte de la secretaria de Estado sobre las implementaciones para mejorar el sistema judicial -para evitar la impunidad y el abuso de las fuerzas armadas- "en concordancia con las leyes mexicanas e internacionales".

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En este sentido, un 15%de los fondos quedarán condicionados a este informe de la secretaria de Estado y también se ha pedido que US$73 millones (de los US$400 millones) se utilicen para llevar a cabo reformas judiciales y para luchar contra la corrupción.