Fernandez acudió al congreso para buscar una solución a la crisis agraria.
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Razones políticas, económicas y el creciente descontento de los argentinos habrían llevado a que el gobierno de Cristina Fernández hiciera un gesto para tratar de solucionar el prolongado conflicto con el campo.
La presidenta decidió enviar al Congreso el controvertido esquema de impuestos a las exportaciones de granos que generó la protesta de los agricultores hace más de tres meses.
Fernández dijo que someterá la medida al debate de los legisladores "porque la democracia se defiende con más democracia".
Sin embargo, los analistas creen que, más allá de las razones institucionales, hubo motivos políticos detrás de su anuncio.
En otras palabras: el hecho de que el prolongado conflicto agrario ha provocado
resquebrajaduras en el tejido de poder del gobierno, la llamada "Concertación Plural".
Alianzas
La gestión de Fernández -y antes la de su esposo, Néstor Kirchner- ha descansado en alianzas con la mayoría de los gobernadores e intendentes (alcaldes) de Argentina.
Muchos de ellos pertenecen al Partido Justicialista (peronismo, en el poder) y otros son ex miembros de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) que se han convertido al oficialismo (los llamados "radicales K").
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Hay grietas en la hegemonía que tenía hasta hace pocos días el kirchnerismo. Antes nadie levantaba la voz para hablar sobre el tema del campo
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Algunos de estos mandatarios dirigen distritos que han sufrido las consecuencias del conflicto agrario y, avanzada la crisis, han tenido que demostrar lealtad a sus votantes.
"Hay grietas en la hegemonía que tenía hasta hace pocos días el kirchnerismo. Antes nadie levantaba la voz para hablar sobre el tema del campo", comentó a BBC Mundo el analista político Heriberto Muraro.
"Pero luego el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, comenzó a exigir negociaciones con los líderes rurales y a él se sumaron otros peronistas".
El propio vicepresidente argentino, Julio Cobos (un "radical K"), llamó al gobierno del cual forma parte a "recuperar el diálogo" y propuso que el Congreso tuviera un papel central en la búsqueda de una solución.
La iniciativa de Cobos generó versiones sobre presuntas diferencias con la presidenta Fernández e incluso sobre su posible dimisión. Pero la renuncia no se materializó y su idea finalmente prevaleció.
Base de votos
El creciente descontento de los argentinos que dependen de las economías rurales también habría influido en la decisión de la presidenta de someter su medida al debate del Parlamento, según Muraro.
Los agricultores protestan contra impuestos a la exportación.
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Es que, en las elecciones de octubre de 2007, Fernández obtuvo mayor cantidad de votos en el "país profundo" que en las áreas urbanas, y muchos de sus electores fueron los agricultores que hoy protestan.
Por eso, algunas encuestas han sugerido que la mandataria ha perdido varios puntos de popularidad, a pesar de que los sondeos oficialistas lo desmienten.
También en las ciudades, que han sufrido el desabastecimiento de alimentos y combustibles por los bloqueos de los productores rurales, ha habido disgusto con el gobierno por su manejo del conflicto agrario, que se ha expresado en "cacerolazos".
"En los centros urbanos, este tipo de protestas han atraído también a quienes, a falta de una oposición fuerte y articulada, se pliegan a cualquier manifestación de rechazo al oficialismo", añadió Muraro.
Pérdidas económicas
El anuncio de la mandataria argentina podría responder, por otra parte, a la necesidad de evitar mayores perjuicios a la economía, según el analista político consultado por BBC Mundo.
Es que uno de los mayores problemas del gobierno -explicó Muraro- es que, como el campo ha protestado suspendiendo la comercialización de productos agrarios, ha caído la recaudación del Estado en concepto de impuestos a las exportaciones.
Pero eso no es todo: cálculos independientes muestran que el conflicto del campo le ha causado al país pérdidas por un total de US$3.400 millones, lo que representa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Además se ha quebrado la cadena de pagos en las economías regionales y
ha aumentado el índice de inflación.
Más importante aún: los analistas creen que el conflicto agrario ha contribuido a desacelerar el crecimiento económico del país, que en los buenos tiempos ha sido del alrededor del 8% anual.
Finalmente, en el plano internacional Argentina se ha colocado en riesgo de perder mercados externos por posibles incumplimientos en contratos de venta de granos.
Cómo sigue
Para el analista político Heriberto Muraro, la decisión de la presidenta de someter a debate del Congreso el esquema de impuestos a las exportaciones de granos contribuye a aliviar la tensión que ha generado el conflicto agrario.
"Si el gobierno lo hubiese hecho antes, se habrían evitado agravios innecesarios tanto del oficialismo como de los líderes rurales".
De todos modos, Muraro dijo que el gesto de la presidenta Fernández no debe ser interpretado como una "concesión" al campo, porque el sistema tributario cuestionado por los agricultores seguirá vigente hasta que lo discuta el Congreso.
"Esto es como patear la pelota a la tribuna", dijo Muraro haciendo una analogía futbolística.
"De alguna manera significa prolongar el conflicto, porque en Argentina las leyes tardan mucho en ser aprobadas en el Parlamento".
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