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Miércoles, 18 de junio de 2008 - 12:07 GMT
Temores de expulsión
Redacción BBC Mundo

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El Parlamento Europeo aprobó una nueva reglamentación para inmigrantes que aspira a poner en marcha el próximo año y que tendrá impacto entre millones de indocumentados, entres quienes se incluyen muchos latinoamericanos.

Aunque no existen cifras aproximadamente exactas sobre el número de ciudadanos latinoamericanos residiendo irregularmente en los 27 países miembros de la UE, se estima que al menos superan el millón.

Considerada por el presidente boliviano Evo Morales como una "directiva de la vergüenza, draconiana" y contraria a los derechos humanos la norma ha generado polémica.

Hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo
La norma propuesta será votada este miércoles por el pleno del Parlamento Europeo.
"La población más afectada no es la latinoamericana, sino los inmigrantes a los que se aplicará un retorno forzoso; detenidos senegaleses, bengalíes, kasajos e iraquíes", explicó a BBC Mundo el eurodiputado español Ignasi Guardans, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

Guardans basa su apreciación en que los inmigrantes latinoamericanos en la UE no son mayoría, en que los detenidos para expulsión son relativamente pocos y en que muchos están en proceso de regularizar su situación y a ellos no los afecta la norma.

La directiva tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros de la UE, y luego ratificada y vinculada a la legislación interna en cada uno de los países del grupo, por lo que se estima que no entrará en vigor antes de 2010.

"La propuesta, sin ser una maravilla, protege más al inmigrante en muchos Estados europeos en los que actualmente no hay normas claras y se cometen abusos con los ciudadanos en situación irregular", explicó Guardans.

Pero eurodiputados socialistas, críticos de la norma, afirman que esta criminaliza a las personas indocumentadas y creen que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE.

Cifras imprecisas

Según sus defensores en la Unión Europea, la Directiva busca establecer garantías y procedimientos y fija preceptos obligatorios para el respeto de los derechos humanos de los ilegales y de los menores en esa situación.

Jovenes miran una cartelera de ofertas laborales
Emigrar a la UE es una tentación pero las nuevas normas harán más difícil hacerlo irregularmente.

Según la norma, a los inmigrantes irregulares, se les invitará a regresar y para ello tendrán un plazo, que como mínimo será de cuatro semanas.

Pero por su propia naturaleza de irregulares, no hay cifras oficiales disponibles y los números son estimativos que en ocasiones pueden ser especulativos.

"Todo parece indicar que la mayoría de irregulares están en España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y Suiza", le explicó a BBC Mundo, Diego Beltrán, representante para América Latina de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en Ginebra, Suiza.

España es uno de los primeros destinos, con una cifra estimada de entre un millón y un millón y medio de ilegales, de los cuales unos 450 mil serían latinoamericanos, según la OIM.

Pero en ese país, las cifras se han calculado sobre la base del empadronamiento del año 2005 en el que figuran tanto residentes legales como una buena parte de irregulares que creen que ese hecho les puede facilitar en el futuro su normalización.

Panorama confuso

Sin embargo, no todos los latinoamericanos irregulares se registraron en España "por temor o por desconocimiento", explica Manuel Pombo Bravo, Jefe de la Oficina Internacional de las Migraciones en Madrid.

Inmigrantes ilegales rumanos son deportados de España
Sólo desde 2009, rumanos y búlgaros tendrán derecho a trabajar en los países de la UE.

Pombo considera que la población de ilegales es fluctuante y que los latinoamericanos irregulares son el tercer grupo más numeroso en España.

Para él, en la práctica la puesta en vigor de la normativa será complicada "porque no es de aplicación inmediata en vista de que primero deberá ser trasladada al derecho interno de cada país, y además no hay sitio para mantener y alimentar a todos los irregulares que serían expulsados".

Según los estimativos, la primera comunidad de inmigrantes en España es la de rumanos, seguida de los marroquíes y luego en su orden ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos, y en los últimos tiempos, brasileños.

Y las bolsas de inmigrantes ilegales se nutren fundamentalmente de ecuatorianos, rumanos, colombianos y argentinos.

Según la OIM, existe la impresión de que mientras el fenómeno de la migración está aumentando, los gobiernos europeos buscan reforzar sus medidas policiales, como es el caso de esta directiva.

Ajustes lentos

La decisión política de actuar conjuntamente contra la inmigración ilegal se adoptó en 1999 y la norma votada en el Parlamento tardó tres años en ser consensuada.

"El efecto es menor de lo que muchos creen y la problemática mayor está en las detenciones y el período de internamiento, que prácticamente a los latinoamericanos no les afecta porque hay una minoría en esa situación", dijo a BBC Mundo, el eurodiputado Ignasi Guardans.

Según Guardans, a los latinoamericanos que están irregulares no les va a desmejorar la situación sino que por el contrario les creará garantías para el caso de los menores y obligará a todos los Estados miembros a tener un períodos máximo de retención de 12 meses; lo que considera que es un avance porque actualmente 10 de ellos actúan unilateralmente.

Hay que ser sensatos porque hablamos de un número abismal de irregulares y no hay sitio para mantenerlos ni presupuesto para repatriarlos
Manuel Pombo, director de la OIM en Madrid.

El tema es prioritario en España, al igual que en Francia (migración africana), Gran Bretaña (de Asia y el Caribe), e Italia, donde la migración proviene de diferentes sectores, incluyendo los gitanos.

La directiva no debería aplicarse en ningún caso a personas susceptibles de peligrar su seguridad al volver, y según los diputados socialistas, no debería a incluir a menores sin un familiar acompañante.

La legislación europea actual permite a los rumanos y búlgaros transitar y establecerse en los países de la UE pero sin derecho a trabajar, aunque ello cambiará a partir del 1 de enero de 2009, cuando gozarán de plenos derechos comunitarios.

España, que se considera que tiene una de las legislaciones más avanzadas y con mayores garantías para los inmigrantes, ha dicho que estudiará la posibilidad de aumentar de 40 a 60 días el período máximo de retención.

Según la norma, la invitación al retorno voluntario -diferente de la deportación- incluirá asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos, gracias al establecimiento de un Fondo Europeo para el Retorno que tendrá un presupuesto de aproximadamente 110 millones de Euros anuales hasta 2013.



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