Critican reforma de Inteligencia

Chávez aseguró que su gobierno siempre respetaría los Derechos Humanos.

Varios grupos defensores de los Derechos Humanos acusaron al presidente Hugo Chávez de promover un "estado policial" con los cambios introducidos a los servicios de inteligencia sin respaldo parlamentario.

La nueva ley, impuesta por decreto presidencial, contempla penas de hasta cuatro años de prisión para aquellos ciudadanos que se rehúsen a cooperar con los organismos de inteligencia del estado.

También dispone el reemplazo de la Policía Secreta y la Inteligencia Militar por cuatro nuevas organizaciones bajo control del gobierno.

Mariano Alvarado, integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), dijo a la agencia AFP que "esto nos acerca a lo que se conoce como un estado policíaco, intentando transformar a cada ciudadano en un informante con el pretexto de proteger la seguridad nacional".

En tanto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas, afirmó que "la ley contiene cláusulas lo suficientemente vagas como para abrir la puerta a todo tipo de abusos por parte de las autoridades".

"Bien escrita y bien pensada"

Al presentar los cambios este domingo, el presidente Chávez dijo que eran necesarios para detener rebeliones internas y prevenir que oponentes externos, como Estados Unidos, conspiren para derrocar a su gobierno socialista.

La ley contiene cláusulas lo suficientemente vagas como para abrir la puerta a todo tipo de abusos por parte de las autoridades. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas

También aseguró que la reforma estaba "bien escrita y bien pensada" y prometió que su gobierno siempre respetaría los derechos humanos.

La ley pudo ser pasada por decreto gracias las potestades legislativas que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, concedió al presidente el año pasado.

Pero Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que "los Derechos Humanos no pueden ser restringidos por un decreto presidencial sino únicamente con una ley. Y una ley, según la CIDH, es una norma aprobada por el Parlamento".

Según Nikken, varias organizaciones planean presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia un pedido de anulación de la reforma con el argumento de que es incostitucional y contraria a las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos.