Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.
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En un tribunal de la provincia de Córdoba comenzó este martes el juicio al general retirado Luciano Benjamín Menéndez.
El procesado es visto por activistas de derechos humanos como el máximo ejemplo del terror y la represión de los gobiernos militares argentinos de los años 70 y 80.
Menéndez y otros seis ex oficiales son acusados de secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes de izquierda: Humberto Brandalisis, Ilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.
Según los fiscales del caso, las víctimas fueron llevados al centro clandestino de detenciones "La Perla", donde fueron mantenidos en situación de detención clandestina bajo condiciones infrahumanas, además de sufrir torturas físicas y síquicas.
Agregan que las cuatro personas fueron ejecutadas en 1977 y sus cadáveres fueren abandonados en la calle para hacer parecer que habían muerto en un intercambio de disparos con las autoridades.
Primer juicio en Córdoba
El centro de la "La Perla" estaba bajo las órdenes del 3er. Cuerpo del Ejército y Menéndez fue precisamente comandante de esa unidad militar entre 1975 y 1979.
El caso ocurrió durante el gobierno de Jorge Rafael Videla.
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Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos, el ex oficial de alto rango fue imputado en cerca de 800 causas.
Las leyes de amnistía y los indultos introducidos por los gobiernos civiles hicieron que muchos responsables de secuestros, torturas y asesinatos en el período que se conoció como la "Guerra Sucia" consiguieran evadir los procesamientos.
Sin embargo, hace tres años esas leyes fueron consideradas inconstitucionales y los juicios comenzaron nuevamente.
Menéndez, de 80 años, estuvo mantenido bajo prisión domiciliaria, pero ésta fue revocada el pasado 23 de mayo y luego fue ingresado a una dependencia del ejército.
El corresponsal de la BBC en Buenos Aires, Daniel Schweimer, destaca que su juicio es el primero que se lleva a cabo por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba.
Agrega que amigos y familiares de las víctimas se han instalado dentro y fuera del tribunal con la esperanza de ver que finalmente se haga justicia en el caso.
Organizaciones de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas durante el gobierno de facto en Argentina.