El informe anual de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) de este año está dedicado a quienes "con valentía siguen arriesgando su vida en defensa de los derechos humanos".
Derechos que se violan en todos los continentes, pero asegura que también están cada día más presentes pues "el mundo ha ido poco a poco abrazando el mensaje".
"El poder de la gente"
Si lo anterior suena demasiado optimista, no se preocupe: la lectura del documento de 2008 de AI rápidamente golpea con la realidad.
En el aparte de América, por ejemplo, no puede ignorar las cuentas pendientes de los regímenes militares del pasado, ni las secuelas de la "guerra contra el terror", con su Guantánamo y los vuelos secretos, como tampoco las del conflicto armado interno en Colombia, cuya "principal víctima es la población civil".
Como este año se cumplen 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, la directora de Amnistía Internacional, Irene Khan, retó a los gobiernos de todo el mundo a disculparse por lo que describió como "seis décadas de fracasos" en el campo de los DD.HH.
Pero ¿se han presentado avances? BBC Mundo quiso concentrar su entrevista con Guadalupe Marengo, directora adjunta para las Américas de AI, en los aspectos alentadores que se resaltan en el informe.
A pesar de que en temas como la discriminación social y económica AI señala que persisten los tremendos problemas, ustedes subrayan el hecho de que varias comunidades sigan luchando contra ello: ¿es el mero hecho de que existan y luchen un avance? ¿están ganando fuerza?
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A seis décadas de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a vivir y disfrutar de libertad y seguridad, no es más que una ilusión para millones de mujeres en las Américas
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La creciente actitud de los gobiernos de negar los derechos humanos de la población contrasta con las demandas de justicia, libertad e igualdad de gran parte de la sociedad, a menudo haciendo frente a amenazas y ataques.
En México, por ejemplo, miembros de comunidades indígenas y campesinas se opusieron a la construcción de una presa en la localidad de La Parota y sufrieron actos de intimidación.
En varios países de la región andina, varias comunidades se organizaron para oponerse a actividades mineras que suponían una amenaza para zonas protegidas y un grave peligro para el medio ambiente. Ellos también sufrieron amenazas.
Y precisamente cuando la sociedad civil exige cambios es cuando esos cambios tienen lugar. En Venezuela y en México, por ejemplo, dos nuevas leyes para combatir la violencia contra las mujeres fueron aprobadas gracias al esfuerzo del movimiento de mujeres.
En Estados Unidos tras una campaña conjunta realizada por una alianza de grupos, el Congreso recomendó un aumento de los fondos destinados a la aplicación de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres.
El poder de la gente para infundir esperanza y generar cambios es evidente en el año en el que se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Precisamente respecto a la violencia contra la mujer, ustedes resaltan en este informe la adopción de medidas para erradicarla y lograr la igualdad de género...
¿qué faltaría ahora, si tenemos en cuenta que -como ustedes mismos señalan- el hecho de que existan leyes no implica que haya garantías?
La violencia contra las mujeres continúa siendo sistemática en las Américas y frecuentemente se combina con otras formas de discriminación.
En Estados Unidos, por ejemplo, si eres una mujer indígena tienes el doble de probabilidad de sufrir una agresión sexual. En America Latina si eres mujer indígena, rural y pobre, la probabilidad de que mueras al dar a luz es mucho más alta que la de otras mujeres en la región.
Ceremonia Nahuatl en honor al río Papagayo, donde quieren construir una presa.
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La mayoría de los responsables de actos de violencia contra las mujeres no rinden cuentas por estos abusos y las mujeres son abandonadas en una situación en la que no tienen justicia, ni refugios seguros ni información sobre quien puede ayudarlas.
En países como México y Venezuela se aprobaron nuevas leyes en 2007 para combatir la violencia contra las mujeres y hacer realidad la igualdad de género, pero existe el riesgo de que por falta de recursos y voluntad política, esas leyes se queden en el papel.
A seis décadas de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 3 promete el derecho a vivir y disfrutar de libertad y seguridad, éste no es más que una ilusión para millones de mujeres en las Américas.
Nuestros líderes deben invertir en las mujeres de la región y formular un nuevo compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos implementando medidas concretas que erradiquen la violencia contra las mujeres.
El aborto fue un tema que le causó problemas a AI en 2007, cuando anunció que apoyaría la terminación del embarazo en algunos casos.
Al observar las experiencias de Nicaragua y Ciudad de México durante este año, ¿confirman que la decisión cambiar su política de neutralidad frente al tema fue acertada?
Chile, el Salvador, Nicaragua y Honduras son los cuatro países en las Américas que continúan criminalizando el aborto en todas circunstancias.
Los habitantes de Guerrero, México, le explican sus problemas a AI.
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En octubre, un año después de que Nicaragua criminalizara el aborto para todos los casos, organizaciones reportaron que las mujeres estaban pagando con sus vidas el precio de este paso hacia atrás en términos de protección maternal.
Investigaciones demostraron un aumento en casos de muertes maternales que podrían haber sido prevenidas si el aborto hubiera sido despenalizado.
Por el contrario, en la Ciudad de México, las muertes por abortos inseguros decayeron después de que en abril se aprobara una ley que despenalizara el aborto.
Amnistía International trabaja para asegurarse que las mujeres y los hombres puedan ejercitar sus derechos sexuales y reproductivos libres de coerción, discriminación y violencia.
Creemos que para eliminar el riesgo de abortos inseguros y abusos a los derechos de las mujeres, se deben anular todas las leyes que permiten la encarcelación o imposición de cualquier castigo contra mujeres que se practican un aborto.
Los Estados deben ofrecer acceso a servicios médicos en casos en los que surgen complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Amnistía Internacional considera que el negar, obstruir, o limitar ese acceso es una grave violación a los derechos de la mujer a la vida y a la salud y es una forma de trato cruel, inhumano y degradante.
Los resultados de los cambios legislativos en Nicaragua y en la Ciudad de México demuestran que despenalizar el aborto puede llevar a una reducción en la mortalidad materna.
Finalmente, seguramente le llamará la atención a algunos el caso de Cuba, que este año recibe algunas palmaditas en la espalda.
El hecho que Cuba haya firmado dos tratados de derechos humanos -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- y conmutado casi todas las sentencias a muerte, son pasos realmente positivos y claves para la promoción y protección de todos los derechos humanos en el país.
Pero 58 personas continúan recluidas en Cuba por sus opiniones o actividades políticas no violentas. Además, durante el 2007 se continuó utilizando el sistema de justicia penal para silenciar a disidentes políticos y a personas críticas con el gobierno.
En abril pasado, por ejemplo, la corte municipal de Unión de Reyes condenó a José Oscar Sánchez Madan, portavoz del Movimiento Independiente Opción Alternativa, a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social". El juicio tuvo lugar cuatro horas después de su detención y a ningún familiar se le informó de su celebración ni se le permitió participar de él.
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