Pocos hechos en la convulsionada historia política reciente de Bolivia han atraído tanta atención como el referendo autonómico de este domingo en el departamento de Santa Cruz.
Tras un evebtual triunfo del "sí" a la autonomía, los cambios no se verán de la noche a la mañana.
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Pero, en caso de ganar el sí, y aprobarse los estatutos que regulan la autonomía de Santa Cruz: ¿cómo cambiaría la vida de una persona del común a partir de la mañana del lunes 5 de mayo?
La respuesta inicial es que el cambio no sería perceptible de la noche a la mañana, por lo menos en aspectos concretos de la vida diaria.
Sin embargo, muchos aseguran que en el mediano y largo plazo, la vida de muchas personas en la región cambiaría, para bien o para mal, por cuenta de la autonomía.
¿Reconocerían resultados?
La "mañana después" del referendo no traería una dramática e inmediata transformación de la vida de los habitantes del departamento de Santa Cruz.
En primer lugar, porque el gobierno nacional ha dicho en repetidas ocasiones que considera la votación enteramente ilegal.
Y por lo tanto no se siente obligada a implementar o tolerar las medidas aprobadas en caso de ganar el sí.
Sin embargo, una victoria contundente de los autonomistas les daría mayor poder frente al gobierno central para una futura negociación mediante la cual se pueda resolver la actual confrontación entre los poderes locales y nacionales.
"La plata se queda aquí"
Así lo entiende Selva Galarza, la dueña de un humilde puesto de comidas callejero en la capital departamental, quien le dijo a BBC Mundo su opinión sobre lo que representaría el triunfo del sí: "La plata no se mandaría toda a La Paz. Toda la plata se quedaría aquí y crecería más Santa Cruz".
Para Galarza, esto se justifica porque "aquí en Santa Cruz es donde más se ve el negocio".
Efectivamente, en la raíz del problema autonómico actual está el poderío económico del departamento de Santa Cruz, que en opinión de muchos de sus habitantes, no se ve reflejado adecuadamente en la constitución centralista del país.
El departamento genera en la actualidad más del 30% del Producto Interno Bruto del país, pese a que la población regional de 2,5 millones apenas llega a una cuarta parte del total de Bolivia.
De modo que, en promedio, cada cruceño aporta más al fisco y a la economía boliviana que sus compatriotas en otros departamentos.
Miles de simpatizantes de Morales también han marchado contra el referendo.
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Y precisamente por eso, uno de los puntos centrales del estatuto autonómico sometido a votación el domingo, es permitirle a Santa Cruz un mayor manejo de sus recursos fiscales.
Esto probablemente querría decir que, con el tiempo, menos dinero se traspasaría a las arcas del gobierno nacional y más se gastaría localmente.
Y esto podría beneficiar al ciudadano de a pie de Santa Cruz, al permitir una mayor inversión en los servicios públicos que consume localmente.
Pero también podría representar un deterioro para los ciudadanos en otros departamentos más pobres de Bolivia, al recibir el estado central menos dinero de la región más próspera del país.
El problema de la tierra
Pero la controversia es aún más compleja si se toma en cuenta que los habitantes del departamento de Santa Cruz no solo incluyen a los relativamente prósperos habitantes de la capital departamental, sino también a cientos de miles de campesinos, colonos e indígenas en zonas alejadas.
Para un campesino sin tierra en Santa Cruz -argumentan los opositores del referendo- la vida también podría cambiarle en caso de ganar el sí, pero no necesariamente en la dirección que le conviene.
Las autoridades electorales en Santa Cruz ultiman detalles antes de la consulta.
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Uno de los puntos más contenciosos del proyecto de estatuto autonómico es que deja en manos del gobierno de Santa Cruz el manejo de la política de tierras.
Y, según denuncian funcionarios del gobierno de Evo Morales como el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, de obtener las facultades autonómicas, las autoridades de Santa Cruz podrían buscar detener la reforma agraria emprendida por el gobierno nacional en varias zonas del departamento.
En declaraciones a la prensa local en marzo pasado, Almaraz dijo que uno de los objetivos del estatuto autonómico de Santa Cruz era "salvaguardar los privilegios" de los hacendados locales.
Los defensores del referendo niegan que representen intereses latifundistas e insisten en que las medidas contenidas en el estatuto beneficiarán a todos los cruceños.
¿Un estado federal?
Sin embargo, los cambios directos en la vida cruceña no se limitarían a lo económico. De ser aprobado el estatuto autonómico, las autoridades locales controlarían aspectos como el carácter de la educación, que ya no se regiría principalmente desde La Paz. También serían elegidos localmente jueces y autoridades electorales.
En muchos sentidos, la relación de los habitantes de Santa Cruz con el gobierno en La Paz se limitaría a aspectos muy puntuales, como las relativas a las fuerzas armadas o las relaciones exteriores.
La moneda en uso seguiría siendo la boliviana.
Pero para muchas de las demás funciones públicas, el ciudadano cruceño acudiría a sus propias instituciones.
Y en momentos en que bastantes cruceños sienten que el gobierno de Evo Morales en La Paz ha tomado una orientación ideológica e incluso étnica con la que no se identifican mucho, el cambio hacia un sistema político virtualmente federal tendría el potencial de cambiar sustancialmente la vida de los habitantes de esta región.
Aunque esto no ocurra de la noche a la mañana.
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La plata no se mandaría toda a La Paz. Toda la plata se quedaría aquí y crecería más Santa Cruz
