Los paramilitares extraditados podrían ser juzgados sólo por narcotráfico.
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Los principales jefes paramilitares de Colombia, acusados aquí por crímenes de lesa humanidad, podrían primero ser extraditados a Estados Unidos para ser juzgados allí por narcotráfico.
En esa situación se encuentran cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Don Berna, Macaco, Jorge 40 y Cuco Vanoy.
Sus extradiciones a Estados Unidos ya fueron firmadas por el presidente Álvaro Uribe, pero no se harán efectivas mientras esos paramilitares -que están presos en Colombia- sigan siendo elegibles dentro de una ley que les rebaja sus penas a 8 años.
Sin embargo, si el gobierno decide que no merecen los beneficios de la llamada ley de justicia y paz, puede ordenar su extradición.
Eso es lo que acaba de pasar con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el jefe del poderoso Bloque Central Bolívar de las AUC, una organización armada con actividades en varias regiones de Colombia, que no sólo combatía a las guerrillas de izquierda, sino que también está acusada de narcotráfico.
El gobierno arguye que, pese a estar privado de la libertad, Macaco siguió delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad donde estaba recluido y por eso firmó su orden de extradición.
Suspensión de la extradición
Carlos Mario Jiménez alias el "Macaco" fue extraditado a Estados Unidos.
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Pero dos organizaciones que representan a las víctimas del jefe paramilitar se atravesaron en el camino.
Gracias a una acción de tutela (recurso de amparo), una jueza bogotana ordenó suspender provisionalmente el envío del paramilitar a Estados Unidos, mientras toma una decisión de fondo.
El gobierno colombiano reaccionó y anunció que hará todo lo que esté a su alcance para extraditar al cabecilla.
El presidente Álvaro Uribe le pidió a la justicia no obstaculizar la extradición, que, según él, "es una figura necesaria para derrotar el terrorismo".
"No extraditar - en determinado caso - es debilitar la Seguridad Democrática (su política bandera) y aumentar el riesgo para quienes han sido víctimas o para todos los ciudadanos, potenciales víctimas", añadió Uribe, quien ha enviado a los Estados Unidos a centenares de personas desde que llegó al poder en 2002.
Al presidente lo han apoyado columnistas como Mauricio Vargas, del diario El Tiempo, quien escribió que mientras los paramilitares "estén en Colombia, esos criminales mantienen su capacidad corruptora de algunas autoridades, y su brazo armado sigue activo para amenazar a las víctimas".
"Si los extraditan, es posible obtener sus versiones para esclarecer la verdad", recalcó Vargas.
Pero otra percepción tienen las organizaciones de derechos humanos.
En declaraciones a BBC Mundo, Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear, subraya que en Colombia se olvida que "en Estados Unidos los paramilitares sólo serán juzgados por narcotráfico, pero no por sus crímenes de lesa humanidad".
Funcionarios gubernamentales que hablaron con BBC Mundo a condición de no ser citados incluso dicen que los intentos por impedir la extradición de Macaco están "orquestados" y "financiados" por narcotraficantes.
Alirio Uribe, director de de una de las dos organizaciones de derechos humanos que bloqueó la extradición de Macaco, niega rotundamente esas acusaciones.
"Que responda primero en Colombia", subraya.
"Lo que buscamos es que Macaco primero responda por los crímenes de lesa humanidad que cometió en Colombia, que dejan miles de víctimas, y que después sí sea extraditado por narcotráfico a Estados Unidos", explica el abogado Uribe.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que también promovió la tutela contra la extradición, señala que entre los delitos que se le imputan a Macaco hay ejecuciones extrajudiciales múltiples, muchas de ellas precedidas de torturas, desapariciones y desplazamientos forzados.
Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado dice que los derechos a obtener verdad, justicia y reparación integral "deben primar" sobre la justiciabilidad del tráfico de estupefacientes, porque responden a "principios y valores superiores" de la Constitución colombiana.
Alirio Uribe comparte que Macaco haya sido excluido de la ley de justicia y paz y dice que ahora debe ser procesado bajo la legislación ordinaria, que contempla penas de prisión hasta de 60 años por crímenes de lesa humanidad.
Según él, mientras hace 20 años en Colombia existía un gran miedo a la extradición, "ahora lo que vemos es a los narcotraficantes haciendo huelga en las cárceles para que se los lleven rápido".
No se sabe con certeza si Macaco ha entrado en negociaciones previas con fiscales de Estados Unidos que los procesan por narcotráfico y Alirio Uribe dice que hay temor de que eventualmente Macaco terminara con otra identidad en ese país.
Otro abogado consultado por BBC Mundo, Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, le dice a BBC Mundo que "en teoría los paramilitares deberían ser primero juzgados en Colombia"
"Es muy extraño que el gobierno quiera extraditar a Macaco", señala Gallón.
"¿Será que el gobierno no quiere que Macaco 'cante' en Colombia?, se pregunta y afirma que el jefe paramilitar ha tenido "mucha relación" con partidos políticos que apoyan al presidente Uribe.
Pero Gallón va más allá y añade que si el gobierno considera que en Colombia "no se puede o no se quiere hacer justicia con Macaco", se estarían abriendo las puertas para que la Corte Penal Internacional (CPI) se ocupe de los crímenes perpetrados en Colombia.
"Lo mejor sería dejar actuar a la CPI", concluye Gallón.
Pero, hasta ahora, la CPI no se ha ocupado de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Colombia, sino de hechos ocurridos en algunos países africanos que también han sufrido conflictos armados.
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Los derechos a obtener verdad, justicia y reparación integral deben primar sobre la justiciabilidad del tráfico de estupefacientes
