Buscan verdad en archivos de guerra

Piers Scholfield
BBC Guatemala

Los parientes de los 250.000 muertos y desparecidos en la guerra civil esperan justicia.

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anunció que se abrirán al público los archivos militares que abarcan las casi cuatro décadas de la guerra civil que azotó al país.

Cerca de 250.000 civiles resultaron muertos o desaparecieron en el conflicto, que duró 36 años y que terminó en 1996 con un acuerdo de paz auspiciado por Naciones Unidas.

Colom hizo el anuncio este lunes desde el balcón del Palacio Nacional frente a la Plaza Mayor de Guatemala.

Miles de manifestantes de todo el país se reunieron en el lugar para recibir las noticias.

"Vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército para que se conozca la verdad y de una vez por todas podamos construir sobre la verdad y la justicia", dijo Colom a la multitud.

Los cientos de manifestantes representaban a todos los guatemaltecos que piden justicia por crímenes cometidos durante la guerra.

Esos crímenes incluyeron aproximadamente 200.000 civiles muertos y 50.000 desaparecidos.

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Expresan escepticismo

En 1999 una comisión de la verdad de Naciones Unidas comprobó que el ejército y el aparato de seguridad del Estado fue responsable de más del 90% de las muertes.

El anunció de Colom fue bien recibido por grupos de derechos humanos.

Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno se había mostrado dispuesto a comprometerse a seguir las investigaciones.

Diversas organizaciones de derechos humanos recibieron con beneplácito el anuncio de lunes señalando que se trataba de un paso positivo, pero algunas expresaron su escepticismo sobre cómo se procedería con la investigación.

Y es que persisten dudas sobre cómo sería utilizados los hallazgos en un tribunal, en calidad de prueba contra los militares en ejercicio o retirados.

Mientras tanto, el poderoso sector militar reaccionó rápidamente.

El líder de la oposición, general retirado Otto Pérez Molina, quien hace apenas tres meses perdió las elecciones ante Colom calificó el anuncio como una treta política.

Indicó Pérez Molina que no habría ninguna prueba en los archivos sobre órdenes para matar a inocentes.