Repudio argentino a justicia en EE.UU.

Ambas cámaras del Congreso de Argentina aprobaron el miércoles una resolución de repudio al trato acordado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al país al ventilarse el denominado caso del "hombre del maletín" en EE.UU.

El Congreso repudió el trato a Fernández de Kirchner y Argentina.

"Queremos repudiar la agresión sufrida por la Argentina de parte de funcionarios judiciales de los EE.UU.", señaló al diario La Nación un portavoz del gobernante bloque del Frente para la Victoria.

La medida fue aprobada incialmente en la cámara baja por un margen de 168 votos a favor y 61 en contra mientras los diputados rechazaron un pedido de la oposición para que fueran interpelados el canciller Jorge Taiana y el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.

La presidenta de Argentina defendió a su gobierno la semana pasada tras afirmaciones de la fiscalía estadounidense en Miami de que el dinero del "escándalo del maletín" estaba destinado a la campaña de un candidato para las elecciones presidenciales que ella ganó.

Fernández dio a entender que se trató de una "operación basura" para perjudicar las relaciones entre Buenos Aires y Caracas.

Revelaciones de fiscal

El fiscal a cargo del caso, Thomas Mullvihill, señaló el lunes ante un tribunal en Miami que al venezolano-estadounidense Guido Antonini, le habrían ofrecido US$2.000.000 para que no revelara el origen de la maleta con US$ 800.000 que le decomisaron en agosto pasado en un aeropuerto de la capital de Argentina.

El fiscal del caso asegura que a Guido Antonini trataron de sobornarlo.

Mullvihill aseguró que la cifra fue ofrecida por cuatro venezolanos, ahora detenidos en EE.UU., a los que se acusa de actuar como agentes de un gobierno extranjero sin conocimiento de las autoridades estadounidenses.

Los cuatro supuestos agentes, el empresario venezolano Carlos Kauffman, su socio y amigo Franklin Durán, el también empresario venezolano Moisés Maionica y el uruguayo Rodolfo Wanseele, fueron detenidos la semana pasada.

De ser declarados culpables, los acusados podrían ser condenados a hasta diez años de cárcel.